La sentencia, ya firme, considera probado que continuó con la adjudicación del quiosco de El Pescante pese a los informes desfavorables de Costas y de la Secretaría municipal
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, de ASG, a un año y nueve meses de inhabilitación para ejercer cargo público como autora de un delito de corrupción relacionado con el procedimiento de adjudicación de un quiosco en Los Pescante.
La sentencia, dictada por la sección sexta de la Audiencia Provincial, ya es firme y no admite recurso. Durante el juicio, la acusada mostró su conformidad con la calificación de los hechos realizada por las acusaciones y aceptó la pena solicitada.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE señalan que la condena de inhabilitación debería implicar la salida de Clemente de la Alcaldía de Hermigua y la posterior celebración de un pleno municipal para elegir a una nueva alcaldesa o alcalde.
Los hechos se remontan a 2008
Según recoge la sentencia, la alcaldesa firmó el 2 de junio de 2008 una providencia para iniciar la elaboración de los pliegos que permitirían sacar a concurso la explotación del Bar de El Pescante, una instalación de titularidad municipal.
La resolución se produjo pese a los informes desfavorables emitidos tanto por la Secretaría del Ayuntamiento como por Costas. Estos documentos advertían de que el consistorio no disponía de la concesión administrativa necesaria para explotar el establecimiento, ubicado en dominio público marítimo-terrestre.
Además, los informes señalaban la ausencia de varios requisitos exigidos para su funcionamiento, entre ellos determinadas medidas de seguridad y servicios complementarios, por lo que la valoración fue negativa.
Explotación directa por parte del Ayuntamiento
Tras quedar vacante el procedimiento de adjudicación, el Ayuntamiento de Hermigua asumió directamente la explotación del establecimiento.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el consistorio pasó entonces a gestionar directamente el bar de El Pescante mediante la contratación de personal y la adquisición de mercancías necesarias para su funcionamiento.
La sentencia pone fin a un procedimiento judicial iniciado por unas actuaciones administrativas que, según el tribunal, se llevaron a cabo pese a las advertencias sobre su falta de legalidad.
