El Ejecutivo central toma esta decisión tras la petición de la ONU para tomar medidas contra las «Leyes de la Concordia» de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana
El Gobierno de España ha anunciado este viernes que emplazará a Aragón a una negociación bilateral para que corrija su Ley de Concordia, impulsada por el PP y Vox. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido que si no se llega a un acuerdo, el Ejecutivo central recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.
Esta decisión se produce después de que la ONU instara a España a tomar medidas contra las «Leyes de la Concordia» de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, al considerar que vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista.
Torres ha explicado que el Gobierno actuará de la misma manera con las otras dos comunidades autónomas si finalmente aprueban sus propuestas de Ley de Concordia. El ministro ha subrayado la «unanimidad y contundencia» del informe de la ONU y ha calificado las iniciativas legislativas como un intento de «blanquear la dictadura» de Franco.
Una «amenaza» para la democracia
El ministro ha recordado que estas leyes suponen una «amenaza» para la democracia, ya que implican una «defensa de los totalitarismos». En este sentido, ha hecho referencia a una manifestación celebrada hace unos días en Milán (Italia) en apoyo del fascismo.
El informe de la ONU, al que ha tenido acceso EFE, recuerda a España su obligación de proteger los derechos humanos y de preservar la memoria de las víctimas del franquismo. El documento advierte de que las «Leyes de la Concordia» obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación.
Torres, dispuesto a llegar a un acuerdo sobre Costas
En otro orden de asuntos, el ministro de Política Territorial ha asegurado que está abierto a sentarse con el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias las «veces que sean precisas» para alcanzar un acuerdo sobre la Ley de Costas, considerando que el caso del archipiélago es diferente al de Galicia.
Torres expuso, en declaraciones a los periodistas, que si bien los recursos «van avanzando», hay un mes para que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), y está abierto, si las partes quieren, a sentarse «las veces que sean precisas para llegar a algún tipo de acuerdo», afirmando que en el caso del archipiélago la «gran controversia» se produce en las disposiciones transitorias y en un expediente de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas que están en Fuerteventura.
