La nueva ley del arbolado en Canarias prohíbe las talas salvo excepciones justificadas, pero las asociaciones ecologistas denuncian que se trata de una regulación insuficiente
Los árboles desempeñan un papel fundamental en las grandes ciudades: regulan la temperatura, mejoran la calidad del aire y reducen el ruido. Con el objetivo de preservar estos beneficios, el Parlamento de Canarias ha aprobado esta semana la primera ley autonómica destinada a la protección del arbolado urbano.
Sin embargo, la norma ha sido recibida con reservas por parte de asociaciones ambientales, que la califican como una “ley de mínimos”.
La nueva legislación prohíbe de forma general las talas de árboles en entornos urbanos, permitiéndolas únicamente en casos de riesgo para la salud, daños a personas o infraestructuras, o cuando exista una necesidad debidamente justificada.
Se trata de un avance
Para los colectivos ecologistas, se trata de un avance, aunque consideran que el texto ha perdido fuerza durante su tramitación. “Se ha hecho como una poda de la ley y se han quedado fuera aspectos importantes”, señalan.
Entre las carencias destacan la falta de protección específica del arbolado frente a obras y eventos multitudinarios, así como una regulación más clara sobre su mantenimiento.
Según denuncian, la mayoría de las talas que se producen actualmente se deben precisamente a una gestión deficiente, una situación que aseguran llevar años denunciando.
Arbolado de especial protección
La norma introduce además la figura del “arbolado de especial protección”, destinada a ejemplares singulares por sus características o valor ambiental. Serán los ayuntamientos los encargados de catalogarlos y dispondrán de un plazo de dos años para hacerlo.
Otro de los puntos más controvertidos es la ausencia de un régimen sancionador desarrollado. La ley deja en manos de los consistorios la definición de las infracciones y sanciones, una decisión que genera desconfianza entre las asociaciones. “¿Van a sancionarse a sí mismos?”, cuestionan.
Pese a las críticas, la ley busca salvaguardar árboles capaces de producir hasta 118 kilos de oxígeno al año, un recurso clave para la salud y la sostenibilidad de las ciudades canarias.
