El nuevo decreto del Gobierno regional introduce un sistema de baremación social y económica para asignar las viviendas públicas protegidas
El Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas públicas.
La norma elimina el sistema de sorteo y lo sustituye por un modelo de baremación basado en criterios sociales, económicos y familiares. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó que el objetivo es hacer el proceso más justo, transparente y adaptado a la realidad de cada unidad familiar.
El decreto también introduce un requisito de arraigo para acceder a una vivienda pública. Será necesario acreditar doce años de residencia continuada en el archipiélago o quince en caso de residencia discontinua.
5 años de residencia
Además, los solicitantes deberán estar inscritos en el registro público y acreditar al menos cinco años de residencia o trabajo en el municipio donde se ubique la promoción.
La norma amplía también los cupos de reserva para colectivos prioritarios. Se establece un mínimo del 20% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 10% para personas mayores de 65 años y un 8% para víctimas de violencia de género.
También se reserva al menos un 10% para personas con limitaciones funcionales graves, mientras que el cupo para emigrantes retornados podrá alcanzar hasta el 1%.
