La Hacienda canaria mejorará medios humanos y tecnológicos para perseguir el fraude fiscal
La Agencia Tributaria Canaria, en su lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, se dotará de un nuevo sistema de gestión que incluye la implantación del expediente electrónico y un módulo «muy sofisticado» para la recaudación ejecutiva y la selección de contribuyentes.
Así lo ha detallado la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, este miércoles en comisión parlamentaria, que ha abordado el estudio encargado a un grupo de expertos independientes sobre la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral en el archipiélago.
Nuevo sistema de gestión
Dicho estudio hace una radiografía de la economía sumergida en las islas, que según datos de 2014 representaba el 27,9% del PIB regional -la CEOE lo eleva al 28%-, frente al 17,2% en España, en este caso según datos de 2017, y del 17,1% de media europea.
Este estudio, ha explicado Asián, contiene una serie de recomendaciones que recoge el plan anual de la Agencia Tributaria Canaria, que aunque tiene un «carácter continuista» incluye algunas novedades como la implantación de un nuevo sistema de gestión, durante un periodo de tres años, para lo que se invertirán 20 millones de euros.
Ese nuevo sistema de gestión trata de afinar tanto en la recaudación ejecutiva como en la selección de contribuyentes, lo cual, ha dicho la consejera, «es fundamental» porque a la hora de hacer una liquidación «nadie va a estar esperándonos con un chalé a su nombre o con un activo fantástico una sociedad mercantil para que le embarguemos».
De ahí que una de las prioridades será la unificación de información, hasta ahora dispersa en diferentes bases de datos, en un expediente electrónico. A esto se destinarán dos millones de euros.
Persecución del fraude
Matilde Asián ha hecho hincapié en la importancia de la selección de los contribuyentes y de la persecución del fraude, lo cual resulta «muy difícil si tengo 80 bases de datos y papeles hasta el techo».
También ha destacado que este año por primera vez la Agencia Tributaria Canaria volverá a niveles de 2016 en cuanto a la cifra de trabajadores (461) y estará «a la altura de lo que una administración tributaria eficaz merece».
Cifras que «avalan la apuesta» del actual Gobierno de Canarias por la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ha aseverado la consejera en respuesta al diputado del Grupo Socialista Manuel Hernández Cerezo, que le ha reprochado la rebaja en más de un millón de euros de la partida consignada a la Agencia Tributaria Canaria en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024.
Además de reforzar su estructura, el plan anual de la Agencia Tributaria Canaria contempla intensificar las denominadas ‘cartas amables’ para mejorar la proporción de las declaraciones voluntarias, y los ‘peinados fiscales’, es decir, las visitas físicas para conocer de primera mano la situación tributaria de un contribuyente en concreto.
La consejera de Hacienda ha indicado que tienen altas expectativas con el resultado de esos ‘peinados fiscales’ por cuanto los tributos que gestiona la agencia canaria, IGIC, AIEM, transmisiones patrimoniales, «son mucho de presencia física», esto es, «están muy relacionados con encontrar dónde hay fraude y aplicarle un tipo».
Más inspectores
Motivo por el que «se aumentará la presencia en la calle» de los inspectores, ha recalcado Asián, que ha anunciado también un convenio con la Consejería de Educación para fomentar «la cultura cívico tributaria» puesto que la percepción social sobre el fraude fiscal es que es un fenómeno extendido.
Melodie Mendoza, diputada de la Agrupación Socialista Gomera, ha apuntado en este sentido que la población canaria expresa su convencimiento de que hay determinados colectivos que «defraudan habitualmente», como empresarios, liberales, autónomos, políticos y cargos públicos.
Javier Nieto, de Vox, ha censurado este «mensaje degradante» hacia «los pilares básicos de la sociedad» y que siembra «una nube de sombra sobre los canarios» al «confundir chapuzas, la subsistencia, con el fraude fiscal».
La consejera ha indicado que una de las conclusiones del informe de expertos independientes es la dificultad precisamente a la hora de construir un concepto universal de economía sumergida, así como la metodología para medirla.
Y ha esgrimido que ese mayor porcentaje sobre el PIB de la economía sumergida en Canarias en comparación con la media estatal no es indicativo de «mayores deficiencias» en la administración tributaria canaria, sino que está «muy relacionado con la propensión al fraude» de los sectores económicos predominantes en las islas.
Además del recorte presupuestario en la Agencia Tributaria Canaria, que desde PP y CC han minimizado, pues lo que importa, sostienen, es el nivel de ejecución de las partidas previstas, el PSOE le ha reprochado a la consejera que en su día apoyara la amnistía fiscal del ministro Ricardo Montoro.
Sobre el particular, ha dicho que le sorprende que esas críticas partan «del partido de las amnistías» y que, además, «introdujo» las fiscales siendo ministros de Hacienda Carlos Solchaga y Miguel Boyer y «con opacidad», pues en aquellas «no hacía falta identificarse».
También ha recordado lo que hizo el Gobierno socialista con la llamada ‘Lista Falciani‘, en la que «estaba lo más granado» del fraude fiscal: «llamó y envió correos» a la gente que estaba en la misma, que «se libraron» de las sanciones y de sus consecuencias penales.
Plan de acción de la Agencia Tributaria Canaria
Tras el debate del informe sobre la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral se ha procedido a la votación de las propuestas de resolución, de las cuales solo han salido adelante las dos presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI.
Estas inciden en que las recomendaciones del informe «no caen en saco roto» pues están recogidas en su mayoría en el plan de acción de la Agencia Tributaria Canaria, y en seguir reforzando la misma para «una lucha más eficaz» contra este fenómeno.
Han sido rechazadas las de Vox, que abogaba por una rebaja impositiva, sobre lo cual la diputada nacionalista Socorro Beato ha dicho que el Gobierno de Canarias tiene «las manos atadas»; y las de PSOE y Nueva Canarias, que pedían, entre otras cuestiones, una mayor asignación presupuestaria para la Agencia.
