Las bonificaciones por la gratuidad del transporte público ha generado tensión entre Canarias y el Gobierno estatal por los retrasos en la financiación acordada
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha reclamado al Estado el abono de las cantidades pendientes correspondientes a las bonificaciones por la gratuidad del transporte público, al tiempo que ha denunciado la incertidumbre financiera que afrontan las administraciones insulares por los retrasos en los pagos.
Fernández advirtió de que, a mediados de 2026, Canarias sigue sin recibir parte de los fondos correspondientes a 2025 y desconoce cuándo llegará el anticipo previsto para este ejercicio. Según explicó, esta situación dificulta la planificación económica de los cabildos y compromete la gestión de una medida que considera esencial para garantizar la movilidad de los ciudadanos del archipiélago.
«Estamos a mitad de 2026, no se nos ha pagado parte de 2025 y no sabemos cuándo se nos dará el anticipo de 2026», señaló la la directora general, quien insistió en que las instituciones canarias no pueden seguir esperando hasta el cierre del año para recibir unos recursos que consideran imprescindibles.
La responsable autonómica mantuvo una reunión sobre este asunto en el Ministerio de Transporte y puso en cuestión además la financiación destinada a esta política ya que resulta insuficiente para cubrir la demanda real. «No podemos seguir llevando a los cabildos al 31 de diciembre para cobrar una medida que además está infradotada para el uso que realmente tiene», afirmó.
