El Ejecutivo autonómico pide desbloquear las ayudas antes del 31 de mayo
El Gobierno de Canarias ha reclamado este viernes al Ministerio de Transportes una respuesta urgente para el transporte en las islas. Esta petición busca asegurar la gratuidad del transporte público en las islas. Quieren evitar el colapso del actual sistema por falta de dinero.
La Consejería de Obras Públicas envió un documento formal a la directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Rivero. Mediante este escrito, Canarias traslada su enorme preocupación por el retraso en la aprobación definitiva de las ayudas. En consecuencia, la comunidad necesita culminar el proceso administrativo para garantizar la seguridad jurídica de esta medida.
Impacto social y exigencias
En primer lugar, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, destacó el impacto social de la gratuidad. De hecho, miles de ciudadanos utilizan diariamente el transporte público colectivo terrestre gracias a esta importante bonificación. Por consiguiente, las instituciones insulares necesitan estabilidad financiera para gestionarlo.
Sin embargo, la nueva resolución estatal añade exigencias adicionales inesperadas que complican enormemente todo el proceso burocrático actual. Estos requisitos no figuraban en el acuerdo original aprobado en diciembre de 2025. Consecuentemente, esta situación genera bastante incertidumbre administrativa entre los diferentes cabildos insulares.
Además, Canarias tiene un modelo de gestión singular y descentralizado en sus siete cabildos insulares. Por lo tanto, las instituciones deben coordinar documentación de múltiples administraciones locales y operadores de transporte. Esta compleja estructura organizativa aumenta notablemente la carga burocrática frente a otros territorios.
Esfuerzo económico insular
Por otro lado, los cabildos insulares asumen actualmente un gran esfuerzo económico para mantener la medida. Las corporaciones adelantan recursos financieros propios para sostener la gratuidad del transporte público. Estos elevados costes superan habitualmente la financiación prevista inicialmente por el Estado.
Mientras tanto, el Gobierno central todavía no habilitó los créditos necesarios para solucionar esta problemática situación. Concretamente, la administración estatal adeuda 42 millones de euros correspondientes a los pagos del año 2025. Asimismo, el Ejecutivo central tampoco dispuso de los fondos previstos para el año 2026.
Finalmente, Canarias reitera su voluntad de mantener una cooperación institucional leal con el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo autonómico busca dar seguridad jurídica a todas las administraciones implicadas en el desarrollo de la medida. Por todo ello, la comunidad urge a resolver este expediente administrativo con la máxima celeridad posible.
