El Alto Tribunal deniega las medidas cautelares solicitadas, además, la sala inadmite los recursos de varias asociaciones
El Tribunal Supremo descartó este viernes frenar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Los magistrados tomaron esta decisión para responder a las múltiples impugnaciones presentadas. Por consiguiente, el Ejecutivo continuará tramitando los permisos correspondientes.
El alto tribunal comunicó su veredicto tras celebrar cinco vistas públicas. En consecuencia, la medida gubernamental mantiene su plena vigencia legal en España. Seguidamente, los jueces notificarán los autos correspondientes durante los próximos días.
Resoluciones del tribunal
La Sala admitió la legitimación activa del partido político Vox. Sin embargo, el tribunal denegó firmemente su petición de suspensión cautelar. Esta formación política recurrió directamente el Real Decreto 1155/2024.
Asimismo, los magistrados analizaron la solicitud promovida por la Comunidad de Madrid. Este gobierno regional exigía también la paralización de la normativa vigente. Por ello, el Supremo denegó definitivamente esta petición de suspensión cautelar.
Finalmente, la Justicia inadmitió los recursos contencioso-administrativos de tres organizaciones diferentes. El tribunal esgrimió una clara falta de legitimación activa. Así, la Sala evitó resolver sus peticiones de suspensión cautelar.
Situación de las asociaciones
La Asociación Hazte Oír interpuso un recurso contencioso-administrativo inicial. No obstante, el tribunal decidió inadmitir esta iniciativa judicial por falta de legitimación. Inmediatamente, la entidad anunció que apelará esta resolución ante los tribunales.
Igualmente, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica acudió a la Justicia. Los jueces inadmitieron su recurso exactamente por el mismo motivo. Por consiguiente, el tribunal dejó su petición cautelar totalmente sin resolver.
De manera idéntica, la Asociación Libertad y Justicia experimentó un rechazo similar. El Supremo determinó que carecen de legitimación para actuar. Además, la Abogacía del Estado cuestionó previamente los intereses de estas organizaciones.
Impacto y reacciones oficiales
El real decreto busca otorgar residencia legal a medio millón de personas. Hasta ahora, el Ejecutivo recibió 549.596 solicitudes oficiales. Como resultado, la administración admitió miles de peticiones iniciales a trámite.
Estas admisiones generan una primera autorización provisional para los demandantes. Actualmente, estas personas pueden residir y trabajar de manera totalmente regular. Seguidamente, el Gobierno celebró con entusiasmo el veredicto del Supremo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones valoró positivamente el rechazo judicial a las suspensiones. Según las autoridades, este dictamen despeja el futuro de muchos ciudadanos. Asimismo, el abogado del Estado destacó los futuros beneficios para la economía.
