El Archipiélago prevé salir de la contingencia migratoria en las próximas semanas. Mientras, denuncia retrasos en los traslados y refuerza el control en los centros de acogida.
Se cumple un año de la modificación legislativa de la Ley de Extranjería impulsada para aliviar la presión migratoria en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. En este contexto, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez, ha hecho balance en La Radio Canaria de los avances logrados y de los retos aún pendientes.
Rodríguez ha detallado que, en este periodo, se ha conseguido la reubicación de 701 menores a través del procedimiento de contingencia migratoria, a los que se suman otros 600 niños y adolescentes solicitantes de asilo. En total, cerca de 1.300 menores han sido redistribuidos en este tiempo.
A pesar de estos avances, todavía quedan pendientes unos 150 menores con protección internacional. Según ha explicado, muchos de estos jóvenes han desarrollado un fuerte arraigo en las islas, especialmente en Tenerife, y han solicitado permanecer en el Archipiélago.
“De los 150 de asilo, muchos tienen arraigo en Canarias y han manifestado quererse quedar en nuestra tierra, fundamentalmente en Tenerife. Estamos demandando al Estado que abra un recurso alojativo para estos chicos en la isla”, ha señalado.
Canarias, cerca de salir de la contingencia migratoria
La directora general ha asegurado que Canarias está próxima a abandonar la situación de contingencia migratoria. El Ejecutivo regional prevé que el número de menores tutelados descienda en las próximas semanas desde los actuales 3.500 hasta unos 2.300.
Esta cifra se aproxima al umbral que marca el fin de esta situación excepcional, fijado en 2.211 menores, lo que supone el triple de la capacidad ordinaria del sistema de acogida.
Retrasos en los traslados y dificultades administrativas
En La Radio Canaria, Rodríguez también ha denunciado incumplimientos en los plazos establecidos para los traslados exprés de menores. Según ha indicado, en ningún caso se han respetado los 15 días previstos, lo que ha dificultado la gestión.
“En ninguna de las ocasiones se ha cumplido. En lugar de establecer los periodos de notificación y procedimientos extraordinarios, se aplicó el procedimiento común. Eso ha llevado a que los 10 días que tiene la Delegación del Gobierno para trasladarnos la resolución de traslado se conviertan en un mes”, ha explicado.
Refuerzo de los controles en centros de acogida
En relación con los centros de acogida y los casos de presunto maltrato o abuso, la directora general ha subrayado que desde 2024 se han reforzado los mecanismos de control.
Cualquier indicio o denuncia ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, lo que en algunos casos ha derivado en el despido de personal implicado.
“A las entidades se les notifica y se les requiere para que estas personas sean apartadas de inmediato del trabajo con los menores. En cada uno de los casos se procedió al despido. Ahora que la justicia caiga sobre quien tenga que caer si se demuestra que hay delito”, ha afirmado.
Cambio de modelo y cierre progresivo de macrocentros
Sandra Rodríguez ha valorado de forma positiva la gestión realizada durante este último año, pese a la complejidad del proceso. Ha destacado que se ha logrado situar el interés superior del menor en el centro de las políticas y avanzar hacia una corresponsabilidad más efectiva entre administraciones.
En este sentido, ha subrayado la reducción de la presión sobre los recursos de la comunidad autónoma y el avance en el cierre progresivo de los macrocentros, marcando un cambio en el modelo de atención a menores migrantes en Canarias.
