La consejera de Turismo anuncia el suspenso de las sanciones a los propietarios de los apartamentos turísticos hasta que haya regulación municipal
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha anunciado la suspensión de las sanciones a propietarios de apartamentos turísticos que residen en ellos.
Esta medida estará vigente hasta que los ayuntamientos regulen los usos del suelo en sus municipios.
Según De León, esta decisión responde a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual, especialmente en un contexto de emergencia habitacional.
Asegura, «no tiene sentido obligar a los propietarios a ceder la gestión de sus viviendas a un operador turístico, como se estableció en la Ley de Turismo de 1995».
«La legislación debe actualizarse», ha explicado en la presentación del estudio Impacto Socioeconómico de las Agencias de Viaje en Canarias.
3.000 expedientes sancionadores en Canarias
Actualmente, existen 3.000 expedientes sancionadores abiertos contra propietarios que residen, comercializan o explotan sus apartamentos turísticos.
La consejera ha calificado la situación de «caótica» y ha pedido paciencia hasta que los municipios afectados completen la modificación del uso del suelo.
Mientras tanto, los residentes podrán permanecer en sus viviendas. En este sentido, ha recordado la Ley 4/2017 reconoce la consolidación legal de los propietarios empadronados antes de 2017.
Una nueva Ley de Turismo en Canarias
La titular de Turismo ha subrayado que no se puede derogar la normativa vigente sin afectar a otros sectores turísticos, como hoteles y alojamientos reglados.
En su lugar, el Gobierno de Canarias apuesta por refundar y unificar la legislación, con el objetivo de aprobar una Ley de Turismo Integral en un plazo mínimo de 14 meses.
Debate con expertos
se organizará una mesa de debate en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con expertos y agentes del sector. Una reunión para debatir los cambios necesarios para para una regulación sostenible del turismo en el archipiélago.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca equilibrar el derecho a la vivienda con el desarrollo del turismo sostenible en Canarias, garantizando una normativa clara y adaptada a las necesidades actuales.
