El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, asegura que «en su momento se contó con todos los informes oportunos»
El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que el ‘caso Geneto‘ se remonta a un expediente «de más diez años» y que en su momento contó con todos los «informes oportunos» que avalaron la operación.
En declaraciones a los periodistas ha recordado que los hechos afectan a un gobierno del Cabildo de Tenerife. Un gobierno conformado por Coalición Canaria (CC) y PSOE y ha mostrado su «respeto» a la investigación abierta por la Fiscalía.
Ha aclarado, no obstante, que no conoce el expediente «en profundidad» y espera que ahora la justicia decida «lo que va a hacer».
La Fiscalía Provincial, que ha denunciado el caso a raíz de una denuncia interpuesta por el interventor del Cabildo, solicita investigar y que se llame a declarar a los expresidentes del Cabildo, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC). También al actual consejero de Seguridad y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE). Todos eran miembros del Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.
La investigación de la Fiscalía –adelantada por Mírame Televisión– apunta indicios de dos delitos de prevaricación administrativa y uno de malversación de caudales públicos en la compra de dos parcelas en Geneto en 2012 por casi 20 millones de euros, un 524% más que su valor catastral, a manos de la sociedad pública.
Investigados
Entre los investigados se encuentran el resto de los miembros del Consejo de Administración. Los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE) –hoy director general del Gobierno canario–; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez; Sergio Alonso, concejal de CC La Laguna y exgerente de la fundación de la ULL; Juan Antonio Núñez, exdirector insular; y el letrado de la sociedad pública que adquirió los terrenos, José Luis Luengo.
Según el fiscal, los miembros del Consejo de Administración apoyaron la compraventa pese que sabían que los terrenos no iban a tener ninguna utilidad y la operación generaría un desequilibrio financiero en la empresa pública.
El CD Tenerife recibió 13 millones por los 30.000 metros de terreno en la zona de la ciudad deportiva mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias.
