La Radio Canaria ha recogido las versiones de CC, PP y PSOE sobre el polémico acuerdo municipal, que establece una sanción de 60.000 euros por edil si se rompe el pacto de gobierno por causas «injustificadas».
La decisión de los cuatro partidos que conforman el Gobierno municipal de Firgas, Gran Canaria, de incluir en su pacto una cláusula sancionadora de 60.000 euros por edil, en caso de ruptura “injustificada” del acuerdo, ha generado fuertes reacciones políticas en la mañana de hoy. Especialmente, en el caso de Coalición Canaria, que ya ha tomado cartas en el asunto.
La coordinadora general de CC en la Isla, María Fernández, ha confirmado esta mañana a La Radio Canaria la apertura de un expediente disciplinario contra los dos concejales de su formación que suscribieron el acuerdo.
«Estamos hablando de derechos fundamentales que no se pueden mercadear ni ponerles precio. Es lo suficientemente importante como para enviar al órgano competente la apertura de expediente disciplinario contra estos concejales».
«Incluso, podemos tomar medidas cautelares debido a la gravedad de los hechos”, ha aseverado en el programa ‘De La Noche Al Día’, con Estíbaliz Pérez.
El PP, en principio, no tomará medidas
Por su parte, el Partido Popular ha adoptado una postura más cauta. El presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, ha restado importancia al contenido del pacto y ha señalado que no tomarán medidas contra sus concejales en Firgas salvo que la dirección insular del partido indique lo contrario.
«Cada uno lo ha hecho voluntariamente. Espero que no haya habido ninguna firma no voluntaria y que cada uno responde con su patrimonio personal. Si este documento solo hablara de faltar a la palabra, y que en caso de romper el pacto no se dirigieran la palabra, nadie se hubiera fijado en el documento. Quizás hasta hubiera sido motivo de burla», ha comentado.
El PSOE ve «cosas no éticas» en el acuerdo
Sobre este asunto también se ha pronunciado el Partido Socialista, otra de las fuerzas firmantes del pacto. La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha reconocido que el acuerdo es un hecho atípico, pero ha defendido que los concejales actuaron dentro de su margen legal.
«Para empezar hay cosas que no son éticas y que no son prácticas a la hora de llevarlas a la realidad. Evidentemente, los derechos de los concejales son de los concejales», ha subrayado.
