El sindicato Intersindical Canaria denuncia retrasos de hasta cinco años en informes periciales y critica el desvío de fondos públicos a empresas privadas
Intersindical Canaria denuncia la gestión negligente de la Dirección General de Justicia en el Instituto de Medicina Legal. La falta de personal provoca demoras sistemáticas que paralizan los procedimientos judiciales y victimizan a la ciudadanía. El sindicato exige soluciones ante un colapso que afecta gravemente a menores y víctimas de violencia de género.
La carencia de profesionales estructurales convierte el sistema judicial en un embudo con consecuencias devastadoras para los usuarios. Los procedimientos sufren actualmente retrasos de entre tres y cinco años debido a la falta de informes periciales. Esta parálisis técnica impide una respuesta ágil y deja a los colectivos más vulnerables en una situación de abandono.
En el ámbito de familia, la situación de los menores alcanza niveles de riesgo extremo por la espera. Los niños permanecen separados de sus familias durante años hasta que el equipo técnico evalúa su situación real. Intersindical Canaria considera que la Administración debe triplicar la plantilla actual para garantizar una atención mínimamente adecuada.
La falta de efectivos afecta también de forma crítica a la Unidad de Valoración Integral Forense. El déficit de personal impide emitir informes multidisciplinares rápidos para proteger a las víctimas de violencia de género. Esta carencia debilita la red de protección de las mujeres y sus hijos ante la pasividad administrativa.
Externalización y gestión de fondos
La Administración destinó más de 263.000 euros a informes privados mientras los equipos públicos sufren un desmantelamiento constante. Según la Resolución 490/2026, el Gobierno pagó una media de 3.507 euros por cada informe externalizado. El sindicato denuncia este gasto ineficiente frente a la precariedad que sufren los servicios forenses de las islas.
Tenerife registró el abono de 263.075 euros por solo 75 informes realizados por una consultora externa. El coste de una docena de estos trabajos privados sufragaría el salario anual de un empleado público especializado. Los trabajadores denuncian que un profesional público produciría un volumen de trabajo superior con mayor formación específica.
El IMLCF opera actualmente con apenas la mitad de su plantilla oficial en áreas críticas de intervención social. Las vacantes en psicología se cronifican durante años a pesar de la alta presión asistencial y migratoria. La Dirección General prioriza la contratación externa en lugar de fortalecer el servicio público esencial para la justicia.
Impacto legal y respuesta oficial
La falta de personal especializado obliga en ocasiones a prescribir los procedimientos penales sin resolución judicial. Las víctimas pierden así el derecho al resarcimiento legal que les corresponde por los daños sufridos. Igualmente, la justicia juvenil sufre retrasos que dificultan la intervención con menores delincuentes y favorecen su reincidencia.
El Gobierno de Canarias sustituyó el acompañamiento humano por oficinas virtuales que carecen de asesoramiento integral coordinado. El sindicato afirma que el Estatuto de la Víctima del Delito es hoy papel mojado en el archipiélago. Los profesionales reclaman un plan de formación específico y el abono inmediato de todas las dietas pendientes.
Los responsables del instituto emitieron un comunicado donde desmienten estas críticas y defienden el funcionamiento del organismo. La dirección asegura que no existen retrasos significativos en la elaboración de los informes técnicos solicitados. Además, el centro anunció la futura incorporación de 81 nuevos profesionales para atender las necesidades actuales.
