Está acusado de corrupción urbanística, así como de haber cobrado un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza. Junto a él, también estan acusados el exalcalde José Francisco Reyes y el ex secretario-exinterventor Vicente Bartolomé. La acusación pública pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación
Arranca el juicio contra el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife y también abogado, Felipe Fernández Camero. Según la Fiscalía, podría haber cobrado casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza, sin que se pudieran justificar estos los pagos.
A diferencia de como suele ocurrir en la mayoría de los juicios, este ha comenzado con la declaración de los testigos, por aplicarse el Derecho a una tutela judicial efectiva. Los acusados no han estado en el banquillo, sino sentados junto a sus abogados. No obstante, el miércoles día 15 esta previsto que presten declaración y que se sometan a las preguntas de la fiscalía y la acusación particular.
Se atribuye al principal acusado, Felipe Fernández Camero, según la Fiscalía, ser el organizador de una trama corrupta en al que se pudo haber expoliado casi un millón de euros. Pudo haber cobrado esta cantidad a través de su sociedad Adelfas 24, entre los años 1996 y 2012.
La acusación pública pedirá a la Audiencia que dicte las siguientes condenas: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes, el ex secretario-exinterventor Vicente Bartolomé y el abogado Felipe Fernández Camero. También cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el exinterventor Antonio Fernández.
La defensa de Felipe Fernández Camero
La defensa de Felipe Fernández Camero ha tratado demostrar que los asesoramientos jurídicos al Ayuntamiento de Yaiza por los que le acusa a su cliente de prevaricación y malversación estaban validados por un acuerdo plenario. Este fue adoptado por unanimidad en 1980, cuando era alcalde Honorio García Bravo.
Es decir, 16 años antes de la fecha del inicio del «expolio» de casi un millón de euros que la Fiscalía atribuye a Fernández Camero. Esto con la connivencia de su entonces alcalde, José Francisco Reyes, y sus dos secretarios-interventores, los procesados Vicente Bartolomé y Antonio Fernández.
Hasta seis años de prisión por malversación de caudales
El juicio por esta pieza del «caso Yate» comenzó con el intento frustrado de llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reconocer los cuatro acusados el delito de prevaricación (que solo conlleva inhabilitación para cargo público). De esta manera se eliminaría el de malversación de caudales públicos, que acarrea penas de prisión, en este caso, de hasta seis años. Ni la Fiscalía ni la acusación popular accedieron al acuerdo.
La defensa de Fernández Camero tampoco logró que el tribunal aceptase un informe de valoración de los trabajos de asesoramiento realizados durante los años 1996 y 2012. Todo ello al entender los magistrados que era «extemporáneo», dado que la admisión de pruebas en este proceso judicial finalizó en noviembre de 2021.
Según en el escrito de acusación del Ministerio Público, nunca se justificó en qué consistían tales asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación. Tampoco se siguieron las normas de contratación, sino que «durante más de una década» el Ayuntamiento de Yaiza pagó, mes tras mes, a Fernández Camero lo que este establecía «por su mero capricho y ansia dineraria«.
Jose Francisco Reyes solicita la prescripción del delito de prevaricación
El letrado del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al que se sumaron el resto de las defensas, solicitó la prescripción del delito de prevaricación. Considera que había que tomar como referencia el acuerdo de agosto de 1980, cuando el Ayuntamiento acordó la contratación de Fernández Camero como asesor jurídico.
La Fiscalía se opuso de plano a ese argumento: «Es absolutamente inviable que esté prescrito«, apuntó la fiscal. Asimismo, insistió que los hechos que se juzgan corresponden al periodo que va desde 1996 hasta 2012, con «continuidad delictiva».
Por su parte, la abogada de la acusación popular criticó la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Yaiza de no personarse como acusación. «El Ayuntamiento no defiende el interés general y confunde sus intereses privados con los intereses institucionales«, apuntó.
Vulneración del derecho a la tutela judicial
La defensa de Antonio Fernández alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la «acusación sorpresiva» del delito de falsedad documental. Entiende que no fue hasta el escrito de conclusiones de la Fiscalía cuando se incluyó ese delito.
«Es incierto que fuera sorpresiva«, replicó la Fiscalía. También recordó que Fernández era consciente de que los servicios de Fernández Camero no se habían prestado.
En la primera sesión del juicio declararon como testigos la técnico de Recursos Humanos del Ayuntamieto de Yaiza, Luisa Esther Figuera, que reconoció la inexistencia de un departamento jurídico; el que fuera interventor del Consistorio, Miguel Angel Guerra; y el exalcalde de Yaiza, Honorio García Bravo.
