Superado el ecuador de la comisión Kitchen, las comparecencias han aportado poca luz en el Congreso sobre la presunta operación parapolicial, que a su vez investiga la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo
Tampoco la jornada de este jueves, una de las más soporíferas y que ha tenido como protagonista a una de las piezas claves del caso ha aportado nada. Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas y presunto confidente policial en el operativo supuestamente urdido desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar a la familia del extesorero del PP en busca de documentos sensibles para el partido ha optado por el mutismo más absoluto.
Investigado en la Audiencia Nacional y con una pieza secreta abierta a raíz de un registro a su casa el año pasado, Ríos ha apelado a su «derecho a no contestar» por consejo de su abogado, que le acompañaba en la sala, y en consecuencia, ha respondido con silencio a las preguntas de los parlamentarios, que han caído, como también ha ocurrido en otras sesiones, en saco roto.
Siempre con un bolígrafo entre sus manos y ciertos gestos de nerviosismo, Ríos tan solo ha hecho algún movimiento de asentimiento y negación con la cabeza cuando algunos diputados han intentando «provocar» que rompiera su mutismo para lavar su imagen y desmentir el rumor publicado de que pasó de trabajar de portero de prostíbulo a chófer a Bárcenas para después ingresar en la Policía en la fase de repesca, protegido y con favores de mandos.
Él ha sido el invitado número 20 de esta comisión, que ha celebrado desde el 17 de marzo casi las tres cuartas partes de las comparecencias previstas; la mayoría ex altos cargos de la Policía, algunos de ellos investigados, pero también Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos desde prisión.
Hasta el momento, ninguno de los comisarios que han intervenido ha reconocido la existencia de una operación llamada Kitchen en 2013, aunque algunos han admitido que existió una investigación en torno a la fortuna oculta de Bárcenas en el extranjero y a sus posibles testaferros.
Alguno dijo que se llamaba «operación Bárcenas»; otro comentó que los agentes acudían al santoral para designar los operativos, y la gran mayoría la enmarcó dentro de la legalidad.
La comparecencia que menos ha defraudado hasta el momento a los diputados ha sido la del excomisario Enrique García Castaño, antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como «El Gordo» en el entorno policial y uno de los principales imputados en la causa contra la trama del también excomisario José Manuel Villarejo.
Aunque no desveló nada que no se supiera tras sus innumerables declaraciones ante el juez, con el que, según defiende, está colaborando, García Castaño confirmó en sede parlamentaria que fue el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, ambos imputados, quienes instaron al director adjunto de la Policía Eugenio Pino a incluir a Villarejo en la operación.
Otro testimonio también apuntó a Pino como el mando que «conocía y autorizaba» los 25 pagos mensuales que, por un total de 53.266 euros, se hicieron al chófer de la familia Bárcenas, según la investigación.
Ante el juez, pero no ante la comisión, el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal, reconoció que realizó alguno de esos pagos, también por orden de Pino. Dinero que, según la investigación judicial, habría salido de los fondos reservados.
Pero tampoco han logrado esclarecer este aspecto los comparecientes: aunque alguno reconoció que se pagó a cuenta de esos fondos al chófer, la mayoría se han acogido a su obligación de guardar secreto, protegidos por la ley que los regula.
Esa normativa y la imputación de algunos de los comparecientes en la Audiencia Nacional han sido los «leitmotiv» más repetidos que han impedido conocer algunas de las cuestiones formuladas por los diputados.
A su imputación se ha acogido este jueves Sergio Ríos para no declarar, pero también lo hizo la semana pasada Eugenio Pino, que sin embargo quebró su voluntad a preguntas del portavoz de ERC Gabriel Rufián, ante quien admitió, como hizo hace unos años en el seno de otra comisión, que haría «todo por España», pero también negó que existiese dicha operación o que el Gobierno le ordenara «nada» al respecto.
Con cinco sesiones más a la vista, la comisión recibirá la próxima semana al ex número dos de Interior Francisco Martínez y al excomisario José Villarejo, quien, tras salir de prisión en marzo después de tres años y medio, ofreció al juez «hablar absolutamente de todo». Está por ver si hará lo mismo ante los diputados.
Tras él, la comisión entrará en su fase más política, con varios exministros del PP –María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz- y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que pondrá punto y final a casi tres meses de sesiones.
