La condenada se quedó con el dinero por la expropiación de una vivienda de una persona discapacitada, que vivió en la calle y sin dinero
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la pena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de 134.600 euros a una agente inmobiliaria que se apropió del dinero d euna persona discapacitada por la expropiación de su vivienda por las obras del tranvía.
Esta persona estuvo sin hogar durante un tiempo hasta que la sociedad municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa) le pagó una pensión y finalmente le entregó otros 127.300 euros para que comprara una casa, dada su situación de “especial vulnerabilidad”.
Representante legal
El 15 de septiembre de 2020, la acusada consiguió la representación de esta persona afectada por la expropiación de su vivienda en la que vivía con su madre, de la que era su tutora legal.
La acusada estaba autorizada para gestionar todo lo relacionado con esta ocupación, búsqueda de otra casa habitable y negociar con Muvisa, entidad encargada de pagar la expropiación, según el acuerdo fijado con el Cabildo de Tenerife.
Por medio de esta autorización, la acusada recibió en la cuenta bancaria de la inmobiliaria de la que era titular un total de 155.500 euros como depósito para la adquisición de la nueva casa.
El dinero fue ingresado de forma paulatina en distintos conceptos, entre los años 2020 y 2023, cuando la madre ya había fallecido.
No entregó el dinero
La procesada nunca adquirió la nueva casa y el hombre llegó a tener que vivir en la calle, ya que los fondos los dedicó la encausada a usos personales que no tenían nada que ver con la finalidad encomendada pese al precario estado de salud del vecino expropiado.
Ante el Tribunal Superior de Canarias, la procesada reconoció “de forma expresa” haber recibido el dinero de Muvisa, pero alegó que nunca existió intención de causar daño ni de quedarse con el dinero. Aseguró que “confundió” los fondos con su patrimonio por sus problemas económicos y pensaba devolverlos.
El alto tribunal indica que la Audiencia demostró de forma efectiva en su fallo que se cumplen todos los requisitos del delito de apropiación indebida, por lo que también se le impuso una multa de 1.500 euros.
No pudo comprar otra casa
En un momento dado, otra persona se encargó de conseguirle una vivienda pero cuando se llevó a cabo el acto de firma en la notaría, la procesada no hizo acto de presencia para hacer efectivos los fondos que debía haber custodiado.
La excusa que ofreció es que no podía extender los cheques debido a que había sufrido diversos embargos de Hacienda, cuando en realidad este concepto apenas ascendía a 171 euros.
Muvisa le hizo varios requerimientos por distintas vías. Ella respondía con excusas y dilaciones, alegando que estaba negociando préstamos para devolver lo apropiado.
La empresa pública realojó al hombre de forma temporal, primero pagando un alquiler y luego una pensión, al ser calificado su estado como propio de una persona “de calle o sin hogar”. Hasta que finalmente aportó otros 127.300 euros en julio de 2023 y reclamó los 134.600 euros.
Explicaciones
Durante el juicio, la procesada aseguró que había buscado una primera vivienda pero que cuando le iban a otorgar la escritura, el expropiado sufrió una indisposición, perdiéndose el depósito. También apuntó que se frustró la compra de una segunda, de manera que cuando intentó hacer lo propio con la tercera ya se había gastado el dinero.
A partir de entonces, la procesada “divagaba y daba excusas” cuando se le requería que aportara el dinero y la entidad financiera confirmó a la Policía que no puede hacerlo porque la cuenta carece de fondos.
Sin respuesta
La trabajadora social dijo que llegó a hacerle hasta una veintena de llamadas que no contestaba. Finalmente le dijo por whatsapp que estaba en La Laguna con un amigo. Este, aseguró, era trabajador de un banco y “de forma poco apropiada” le dijo que estaba embargada y que no pensaba ir a la cárcel.
Explicó que las casas buscadas o tenían un precio desorbitado o eran inhabitables, hasta que consiguió una cuando ya el conflicto había llegado a los tribunales.
La Policía pudo comprobar que efectivamente existieron tres embargos que apenas ascendían a 170 euros. Pero el resto del dinero se lo había apropiado la agente inmobiliaria sin conocerse más detalles de su destino.
Durante el juicio, la mujer no contestó a las preguntas de la acusación particular y de la Fiscalía y sólo lo hizo a su propia abogada.
