Más de 70 médicas del SCS se han visto afectadas por una presunta discriminación al quedar embarazadas y no renovar o interrumpir sus contratos
La Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se ha comprometido este lunes día 24 con una representación de casi 70 médicas del Servicio Canario de Salud (SCS) a solicitar un informe a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para aclarar si persiste la práctica de no renovar o interrumpir contratos en caso de embarazo.
Barrera también se va a reunir con responsables públicos de la Consejería de Sanidad para mediar, conseguir que ambas partes se sienten y traten de resolver este problema que afecta a decenas de médicas y facultativas especialistas de área de Canarias.
El objetivo, recoge un comunicado de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, es saber si hay instrucciones generales que tengan en cuenta que una baja por maternidad es una incapacidad temporal transitoria o baja por maternidad y que esto no puede condicionar una renovación contractual.
Además, se mostró también sorprendida ante estas cuestiones, lamentando que todavía se produzcan mientras se habla de conciliación familiar y cuando se legisla a nivel nacional y en las comunidades autónomas para facilitar que las mujeres que así lo decidan sean madres.
«Lo que no podemos es adoptar prácticas que desincentiven la maternidad«, ha agregado.
Acabar con la «lacra de discriminación de género»
Las representantes de esas trabajadoras afectadas, Dácil García por el Hospital Universitario de Canarias y Purificación Ramírez en representación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, presentaron a Barrera sus quejas y quedaron emplazadas para otra próxima reunión en donde le harán llegar toda la documentación que evidencia que las afectadas por la suspensión de contrato sufren un «doble perjuicio».
Por un lado, apuntan, el daño moral infligido por su no renovación estando embarazadas y por otro, la no computación del tiempo sin contrato durante su embarazo a efectos de la baremación en los procesos extraordinarios de consolidación de plantilla.
Igualmente, han explicado que disponen de evidencias de este modo de actuar del SCS, aún estando una instrucción en vigor que las protege desde 2018.
De esta forma, indican, «no cabe lugar a dudas de que la señalada instrucción e intención que articulan, no han sido, no son, y en consecuencia no serán suficientes para erradicar esta lacra de discriminación de género, instalada aún hoy en el seno del Servicio Canario de Salud».
