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26 abril 2024 2:20 pm

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El 35% de las empresas del metal de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un ERTE

El 35% de las empresas del metal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un ERTE desde la declaración del estado de alarma –el 75% por causa de fuerza mayor– y el 7% se plantea hacerlo, según una encuesta realizada entre sus asociados por la patronal Femete.



En el mismo estudio se recoge que el 70% de las empresas del metal y nuevas tecnologías permanecen abiertas al público, un 34% con restricciones y otro 30% para servicios de urgencias, mientras que en torno al 6% sin ningún tipo de restricción y vinculadas a talleres de mecánica de automóviles, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, así como mantenimiento y reparación de maquinaria industrial.



Durante la reunión de la junta directiva celebrada por videoconferencia, representantes de distintas asociaciones empresariales ofrecieron un mensaje de unidad y esperanza «a pesar del sufrimiento, el nerviosismo y la incertidumbre» que sienten por los negocios y los puestos de trabajo.



Al mismo tiempo, se congratularon por el creciente nivel de reputación y compromiso social que el empresariado estaba alcanzando entre la ciudadanía, según un reciente estudio que había hecho público la CEOE.



Entre las medidas que planteó Femete se encuentra reclamar al Estado que defienda las líneas de avales y de financiación en las mejores condiciones posibles, considerando imprescindible que se lleve a cabo un seguimiento sobre cómo se está implementando en la práctica, si se producen dificultades o retrasos que impidan que la liquidez comprometida llegue a las empresas y, principalmente, a las micropymes y profesionales autónomos para que puedan mantener sus actividades y, por consiguiente, evitar la destrucción de empleos.



Femete también considera fundamental que el Gobierno adopte medidas legislativas que obliguen a liquidar los pagos pendientes y obligatorios a proveedores, garantizando el cumplimiento de la Ley contra la morosidad, que se mantengan los fondos para planes de formación destinados a personas trabajadoras y desempleadas, así como los proyectos de inserción laboral, entre otros.

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