El real decreto rechazado este martes por el Congreso contenía muchas y diversas medidas que PP, Vox, Junts y UPN se han negado a aprobar, aunque han mostrado su predisposición a aprobar separada la subida de las pensiones
El Congreso ha derogado este martes, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley ‘ómnibus’ que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.
Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar «hacer daño a millones de ciudadanos», las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.
Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor des diciembre pasado, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.
Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.
Críticas a un decreto «trufado»
PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley ‘ómnibus’ porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba «trufado» de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la «okupación».
De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma que no incluya otras medidas.
Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también han sido muy críticos, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.
Pensiones, suministros, módulos y pérdidas en pandemia
Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el real decreto ley incluía medidas como la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables o la prórroga del bono social eléctrico.
También medidas que afectan a los autónomos, como la prórroga de las cotizaciones sociales y de los umbrales para acogerse a la tributación por módulos, y una cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.
Las medidas fiscales que quedan derogadas van desde las bonificaciones para la compra de vehículos eléctricos a ayudas fiscales para los afectados por la dana y los incendios o la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.
En materia empresarial, el real decreto prorrogaba el criterio que permitía que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de covid siguieran sin computar a efectos de disolución durante todo 2026.
