La reforma de la ley del suelo no sale adelante en lo que supone el segundo intento fallido por tramitarla en esta legislatura
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la reforma de la ley del suelo pactada por el PSOE y el PNV, en lo que supone el segundo intento fallido por tramitarla esta legislatura.
Como ya ocurrió hace nueve meses, cuando el Gobierno retiró esta reforma por falta de apoyos, los partidos a la izquierda y a la derecha del PSOE se han mostrado en contra de la iniciativa, que ha obtenido 126 votos a favor (PSOE, PNV y CC), 186 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos) y 34 abstenciones (Vox y BNG).
Sumar ha dicho que la propuesta de su socio de gobierno es un «copia y pega» del anteproyecto de ley que aprobó en 2018 el ‘popular’ Mariano Rajoy, y lo ha vinculado a la «corrupción» en los ayuntamientos y a la «especulación urbanística».
«Es un texto para aquellos que creen que el sistema funciona y que el de la vivienda es un problema de burocracia y de aplicación de los planes urbanísticos», ha criticado el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez.
Críticas del PP a la iniciativa
El PP, cuya abstención hubiera bastado para que la iniciativa comenzara a tramitarse, ha sostenido que se trata de una «mala copia» de su proyecto de 2018 y que «no está a la altura» de la que ellos han registrado en el Senado y esperan aprobar en breve.
«La nuestra es fruto de hablar con expertos y con las comunidades autónomas y es un plan integral que reforma seis leyes, la suya es pura fachada», ha subrayado el ‘popular’ Miguel Ángel Sastre.
La proponente del texto y diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado haber leído «detenidamente» la propuesta del PP y ha sostenido que «en lo relativo a la ley del suelo su planteamiento es muy similar, incluso con una redacción idéntica en algunos párrafos», por lo que ha atribuido su posición en contra al «oportunismo político».
Vaquero también ha criticado la posición «insultante» y «demagógica» de Sumar, que, a su juicio, «pone en duda la labor y la legalidad de alcaldes y concejales».
En la misma línea, la socialista Rafaela Romero ha exigido a Sumar «respeto» a los más de 60.000 concejales y alcaldes españoles y les ha dicho que «basta ya de unir al poder municipal con la especulación» desde su «superioridad moral»
