Con el voto en contra de PSOE, PP y Vox, la iniciativa de CC buscaba reconocer las funciones de policía judicial de la Policía Canaria en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, por el voto en contra del PSOE, PP y Vox, la iniciativa de Coalición Canaria para reconocer expresamente el encaje y las funciones como policía judicial del Cuerpo de Policía Canaria en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La propuesta de los nacionalistas canarios buscaba otorgar seguridad jurídica a las funciones de policía judicial del cuerpo autonómico, como ya sucede en otros territorios del Estado.
La diputada de Coalición Canaria en la Cámara Baja, Cristina Valido, ha lamentado que “una vez más” se haga “evidente” que el respeto a los derechos estatuarios “depende del número de escaños de quien los reclama”. La iniciativa se presentaba como una enmienda a la Proposición de Ley de Multirreincidencia impulsada por Junts, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que ha sido aprobada de forma definitiva en el Pleno.
«Enmienda intrusa»
En su turno de palabra durante el debate, Cristina Valido anticipó la discusión sobre el resultado de las votaciones de las enmiendas, señalando que la iniciativa de Coalición Canaria había sido calificada como una “enmienda intrusa” y propia de otras leyes. “Me faltaría tiempo para hablarles de enmiendas intrusas en leyes que apoyan al Gobierno o a la oposición”, reprochó Valido, quien sostuvo que la diferencia entre tratar a una iniciativa de intrusa o no “es el número de escaños”. “Si ustedes votan en contra, los canarios van a tener más claro que tendremos que llegar, como mínimo, a los siete”, advirtió.
Según informa la formación nacionalista, la diputada nacionalista canaria defendió que la enmienda era coherente “institucionalmente”, ya que el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce “claramente” que la Policía Canaria debe tener la integridad de sus funciones, como ya sucede en el País Vasco, Cataluña o Navarra. Además, subrayó que la iniciativa supone “una mejora real” del modelo de seguridad y refuerza la lucha contra la delincuencia.
Falta de efectivos
Valido explicó que, en el día a día, la Policía Autonómica ya atiende requerimientos de los juzgados y de la Fiscalía ante la falta de efectivos suficientes en otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Así, el juzgado de Las Palmas especializado en delitos contra la infancia y la adolescencia encarga a este cuerpo la mayoría de sus investigaciones judiciales. Igualmente, recordó que también, a petición judicial, este cuerpo ya asume tareas como la protección de menores y la vigilancia de centros sanitarios, por lo que reclamó que ahora se le dé “coherencia” y que “se arme legalmente aquello a lo que tenemos derecho”.
“Negar ahora esa plena operatividad es desaprovechar recursos, evitar la eficacia y la eficiencia de la gran inversión de dinero público que el Gobierno canario está haciendo para incrementar la seguridad”, advirtió Valido, quien afirmó que no se puede “ignorar” el Estatuto canario. La diputada de Coalición Canaria reiteró que lo planteado en la enmienda es “de justicia” y que “si ya ocurre donde hay policías autonómicas, ¿por qué en Canarias no?”.
Funciones de Policía Judicial
Con su enmienda, Coalición Canaria buscaba establecer que el Cuerpo de Policía Canaria se rigiese principalmente por el Estatuto de Autonomía, funcionando la ley estatal de aplicación con carácter supletorio. A través de esta modificación, se planteaba atribuir al cuerpo, de forma expresa, funciones de Policía Judicial para investigar delitos, colaborar con jueces y fiscalía, asegurar pruebas, ponerlas a disposición judicial y elaborar los correspondientes informes técnicos y periciales.
El texto preveía, además la creación, por vía reglamentaria, de unidades específicas de Policía Judicial dentro de la Policía Canaria, que podrían adscribirse a determinados juzgados, tribunales o al Ministerio Fiscal en función de criterios de especialización. Los agentes destinados a estas unidades dependerían funcionalmente de la autoridad judicial o fiscal en cada investigación y quedarían relegados de los casos que tengan asignados salvo en los supuestos previstos legalmente. Su régimen jurídico sería el fijado por la normativa autonómica y, con carácter general, el aplicable al conjunto del cuerpo.
La iniciativa se fundamentaba en las competencias que el Estatuto de Autonomía reconoce a Canarias en materia de seguridad pública y en ámbitos como el turismo, el juego o la protección del medio ambiente, donde es necesaria la investigación de conductas delictivas. Desde la formación nacionalista canaria se reitera, además, que ya existe colaboración efectiva de la Policía Canaria con juzgados y fiscalía, por lo que el despliegue progresivo del cuerpo en todas las islas hace necesario reconocer y ordenar de forma clara su papel como policía judicial.
