El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Regeneración Democrática anunciado meses atrás por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez
El Gobierno está convencido de que la treintena de medidas incluidas en su ambicioso plan de regeneración democrática contará con un amplio apoyo parlamentario y también con el respaldo de los medios de comunicación profesionales frente a los «pseudomedios» que alientan bulos y que consideran «corrosivos» para la democracia.
«Hoy es un buen día para los medios que trabajan para informar verazmente y un mal día para los pseudomedios que se encargan de difundir bulos», ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su confianza en que las medidas tendrán una buena acogida entre los grupos parlamentarios; de hecho, ha recordado que muchas proceden de las reuniones que ambos mantuvieron con sus representantes en la fase de preparación de la iniciativa, denominada «Plan de Acción por la Democracia».
El Gobierno sostiene que gran parte de las medidas vienen mandatadas desde Europa
Ambos han hecho especial hincapié en que buena parte de las medidas, incluidas las que a priori puedan resultar más polémicas, como el registro de medios, vienen mandatadas desde Europa, por directivas y reglamentos ya aprobados que tienen que aplicarse en España.
Bolaños ha incidido en que el Reglamento de Libertad de Medios que fue aprobado en el Parlamento Europeo con un «grandísimo consenso» contó con el voto favorable del Partido Popular Europeo. Así que ante cualquier duda sobre la posición del PP, se ha preguntado por qué no apoyaría en España medidas que sí han respaldado en Europa.
«¿En Europa quieren fortalecer la democracia y en España prefieren que haya bulos y haya ruido»?», ha enfatizado el ministro.
Reforma del Código Penal
Bolaños y Urtasun han defendido la reforma del Código Penal que, por ejemplo, protegería expresiones artísticas que han motivado condenas luego contestadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con la reforma del derecho al honor se busca garantizar que los ciudadanos puedan tener una respuesta judicial «ágil y efectiva» cuando son difamados desde los medios, ha explicado Bolaños. Ha confiado en que los propios medios estarán en ese «consenso europeo».
Urtasun entiende igualmente que las medidas tendrán «gran recepción» entre los grupos parlamentarios. Ha hecho notar que la ley europea de Libertad y Pluralismo de los Medios de Comunicación (EMFA) obligaba a que de la supervisión del registro de medios por parte de un órgano independiente. Por ello, se va a reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que pueda encargarse de esta nueva misión.
El Gobierno confía en recabar apoyo de los partidos y los medios
Sin querer fijar más plazos que los tres años que se da el Gobierno para impulsar estas medidas -los que restan de legislatura-, Bolaños ha admitido que los apoyos parlamentarios hay que «trabajarlos día a día con cada ley».
Con él ha coincidido la ministra portavoz Pilar Alegría. Ha aprovechado para recordar que en el primer año de legislatura el Gobierno ha conseguido aprobar 502 iniciativas parlamentarias de las 541 votaciones que se han celebrado.
El plan presentado por el Gobierno ha sido pactado entre sus dos socios, PSOE y Sumar, representado por Urtasun.
La aspiración de Sumar de derogar buena parte de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha quedado rebajada a la reforma de un artículo. Sin embargo, fuentes de esta formación señalan que seguirán negociando una modificación más amplia con el resto de los grupos.
Tienen claro, eso sí, que la anunciada reforma de los artículos referidos a la libertad de expresión en el Código Penal afectarán a los delitos de injurias a la Corona y ofensas a los sentimientos religiosos, siguiendo las directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente el plan no incluye ninguna medida que afecte el poder judicial, una decisión que, asegura Sumar, ha tomado solo el PSOE.
