Alberto Rodríguez presentó dos recursos de amparo ante el TC frente a las resoluciones que supusieron la retirada de su escaño en el Congreso
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en la sesión celebrada el 12 de mayo de 2022, ha decidido admitir a trámite los dos recursos de amparo planteados por Alberto Rodríguez Rodríguez, frente a las resoluciones que supusieron la retirada de su escaño en el Congreso de los Diputados, al tiempo que acuerda, a propuesta del presidente, la avocación para que sea el mismo Pleno el que resuelva sobre el fondo de las pretensiones del recurrente en amparo.
Rodríguez fue despojado de su acta de diputado por decisión de la Mesa tras la sentencia del Supremo que lo condenó por agredir a un policía durante una manifestación a una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Esa inhabilitación terminó el 5 de diciembre de 2021, pero Rodríguez no ha recuperado su escaño, que su grupo parlamentario mantiene vacante, y pidió al TC la suspensión cautelar y urgente de esa decisión, algo a lo que el tribunal de garantías no accede.
Contra la decisión del Supremo y Maritxell Batet
El Tribunal Constitucional admite los dos recursos de amparo planteados contra la decisión del Supremo, que sustituyó la pena de un mes y 15 días de cárcel por una multa, pero le mantuvo la condena a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y contra la de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de comunicarle su sustitución.
En el caso del Supremo, Rodríguez alega vulneración del derecho al juez imparcial, a la presunción de inocencia y al principio de legalidad penal, al imponerle la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo pese a la sustitución de la pena de prisión por la de multa.
En cuanto a la decisión de Batet, el demandante sostiene que se vulneró su derecho a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo mediante una decisión que debería haber correspondido al pleno del Congreso y no a su presidenta.
El Pleno del TC entiende que en ambos recursos concurre especial trascendencia constitucional, porque ambos plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.
