Son 250 euros al mes para menores de 35 años por un periodo máximo de dos años. El objetivo del Bono de Alquiler Joven es ayudar a los jóvenes a emanciparse y a alquilar una vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Bono Alquiler Joven, uno de los proyectos estrella el Ejecutivo en materia de vivienda.
El bono entrará en vigor con fecha retroactiva de 1 de enero de este año. Se calcula que estará disponible en dos meses una vez se consensuen las medidas con las comunidades en Conferencia Sectorial.
Los requisitos para acogerse son no tener más de 35 años, cobrar un salario inferior a tres veces el indicador público de renta y estar empadronado en el domicilio para el que se pide la subvención.
La ayuda máxima es de 250 euros mensuales por un plazo de dos años para cada joven, en aras de posibilitar su acceso al alquiler de una vivienda y a su emancipación.
Con la ayuda se puede alquilar un inmueble con una renta máxima de 600 euros al mes y, en determinados supuestos, puede ascender a 900 euros mensuales. También se puede compartir piso o recibir la ayuda para alquilar habitaciones por un precio máximo de 300 euros.
Este Bono de Alquiler Joven es compatible con otras ayudas destinadas al mismo objeto.
La Dirección General de Juventud de Canarias celebra la nueva medida adoptada por el Gobierno central
En Canarias, la Dirección General de Juventud cree que es un primer paso en una línea adecuada. La directora del área, Laura Fuentes, ha indicado que «todo lo que sea beneficiar a la juventud es un avance. Hacían falta este tipo de oportunidades para que los jóvenes se puedan emancipar».
Desde Juventud apuestan por más iniciativas para los jóvenes, con planes de formación y autoempleo, y por tenerlos en cuenta en el acceso a la vivienda pública.
Aplazada la Ley de Vivienda
Cabe recordar que el Gobierno ha aplazado la aprobación de la Ley de Vivienda, a la que tenía previsto dar luz verde este martes en el Consejo de Ministros. El aplazamiento se debe a las críticas que ha suscitado el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un informe que critica la falta de claridad en el anteproyecto en cuanto al control de las rentas, pero ha avisado de que se trata de una recomendación que es preceptiva y no vinculante.
