El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que modifica el Código Penal para definir el consentimiento expreso y acaba con la distinción entre abuso y violación
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto tras 16 meses de vicisitudes, una ley que ampliará en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista, como mandata el Convenio de Estambul.
La futura ley de garantía integral de la libertad sexual ofrecerá prevención, atención, sanción, especialización y reparación frente a las violencias sexuales, que reconocerá como víctimas a mujeres y también a niños y niñas, y castigará todo tipo de proxenetismo.
Con la nueva legislación, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación, como ha demandado el movimiento feminista desde que se produjera la violación grupal de La Manada en 2016.
«Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del solo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad», ha aseverado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter.
La ley reformará el Código Penal para indicar que «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
«De esta manera España da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima del solo sí es sí, dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima», ha destacado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
«Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo el consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada. La cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es que si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual», ha añadido, para presumir de que España volverá a estar en la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres.
Reforma del Código Penal
La reforma del Código Penal acabará con la figura del abuso sexual, como pedía el feminismo desde la violación grupal de la víctima de La Manada en los Sanfermines de hace cinco años.
Tras la modificación, todo atentado contra la libertad sexual será una agresión y se considerará violación toda penetración sin consentimiento, sin necesidad de que concurran las circunstancias de violencia o intimidación.
Bajo el mismo delito, el de la agresión sexual, se agrupan varias conductas que se penan desde 1 a 15 años de prisión -en este último caso, violación con varias agravantes-.
La norma establece como agravantes de agresiones y violaciones la comisión de los delitos en grupo, el uso de armas o medios peligrosos, la violencia extrema o el trato degradante, la especial vulnerabilidad de la víctima, que el agresor sea pareja o expareja o tenga relación de parentesco o la utilización de sustancias para anular la voluntad de la víctima.
«Esta nueva configuración no va a suponer, de forma sustancial, una rebaja o incremento de las penas -ahora- previstas para estos delitos, pero sí se puede considerar situación de agravación de delito si, por ejemplo, la violación se está desarrollando en grupo, y por tanto, tendrá penas superiores», ha sostenido Montero.
Además, el Código Penal incluirá como delito leve el conocido como acoso callejero y perseguirá todo tipo de proxenetismo y la tercería locativa, esto es, el alquiler de locales para la explotación sexual.
Con la ley integral se considerarán como violencias machistas la agresión sexual, la violación, la trata con fines de explotación sexual, la corrupción de menores, las violencias sexuales en el ámbito digital, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la pornografía no consentida, el feminicidio sexual, el acecho, el acoso sexual, el exhibicionismo y la explotación sexual.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado este martes a Laura Luelmo, Nagore Laffage y Nevenka Fernández y a tantas otras víctimas de la violencia sexual, y ha afirmado que con esta ley se recogen las demandas del movimiento feminista y se ofrece una respuesta integral a todas las víctimas de violencias sexuales, desde la atención a la reparación.
