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La Renta Ciudadana y el Ingreso Mínimo Vital llegarán a 50.000 canarios en riesgo de exclusión

La consejera regional del área, Noemí Santana, señala a ambas ayudas como claves y destaca que en año y medio ya se han puesto en marcha el decreto de conciertos y el catálogo de Servicios Sociales

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, en la reunión del Consejo General del área Foto Web RTVC.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha señalado hoy que cuando la Renta Ciudadana sea una realidad en el archipiélago, sumada al Ingreso Mínimo Vital (IMV), permitirá llegar a 50.000 canarios en riesgo de exclusión social.

Así lo ha indicado tras presidir la primera sesión del Consejo General de Servicios Sociales de la legislatura actual. «Estamos en una legislatura clave que marcará las bases de los derechos y políticas sociales del presente y del futuro de Canarias», apuntilló.

Denso e intenso trabajo

En este sentido, señaló que en el archipiélago el «denso e intenso trabajo que se está haciendo en materia de servicios sociales supone toda una revolución». Igualmente, ha reconocido que «queda mucho por avanzar» en un trabajo que «se ha visto ralentizado por la situación generada» por la pandemia. También consideró que se va por el «buen camino», según ha informado el Gobierno.

Santana ha informado de que «en apenas un año y medio» se ha puesto en marcha el decreto de conciertos, que ya ha pasado a consulta pública, así como el catálogo de servicios sociales. Esto ha supuesto la finalización del trabajo conjunto con cabildos y ayuntamientos y el impulso de la Ley de Renta Ciudadana, que avanzó que entrará para su debate en el Parlamento en las próximas semanas.

‘Modelo de ayuditas’

Al respecto, la consejera ha señalado que gracias al catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales se va a pasar «de un modelo ‘de ayuditas’ a un modelo real y serio ‘de derechos'».

De hecho, destacó que el concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias, «en la que ya se está avanzando, posibilitará a las administraciones públicas concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro».

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