El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley integral contra la trata, un documento abierto a mejoras, según afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley integral contra la trata, un texto que la titular de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que es «fruto del consenso interdepartamental», pero que está abierto a «futuros ajustes» para mejorar la protección de las víctimas.
En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Llop ha afirmado que la ley era un compromiso «casi personal» del presidente del Gobierno y ha considerado que supondrá «un antes y un después en la protección de los derechos humanos» al situar a las víctimas en el centro.
Igualdad consideró ayer tarde el proyecto insuficiente al no garantizar permisos de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular, la inmensa mayoría, pero Llop ha asegurado que el texto sigue las recomendaciones del Convenio de Varsovia, que prevé dar papeles por circunstancias excepcionales teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el procedimiento penal.
Un texto abierto a mejoras
Llop ha querido dejar claro que en ningún caso se exigirá a la víctimas denunciar o colaborar en la investigación penal para acceder a los derechos que les ofrece la ley, sin perjuicio de que se fomente esa colaboración policial. Y ha asegurado que ese punto estaba claro desde el inicio de los trabajos y no se ha introducido a última hora por las quejas de Igualdad.
No obstante, se ha mostrado abierta a mejoras: el texto es «una primera vuelta» que sufrirá «ajustes».
La aspiración inicial de Igualdad era aprobar una ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero la ministra de Justicia ha defendido su carácter integral, para amparar a todas las víctimas y luchar contra todo tipo de trata y explotación, incorporando como nuevos tipos delictivos el trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud.
Según ha explicado, se garantiza la asistencia y la protección de las víctimas desde que se tienen los primeros indicios de su situación. Asimismo, se reforzará la lucha contra el crimen organizado y las mafias que trafican con seres humanos.
Protección y asistencia especializada
El texto crea un Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de su inmediata derivación cuando existan sospechas.
Se reconoce con carácter general el derecho a una protección y asistencia especializada, con ayuda de intérpretes o mediadores culturales si son necesarios y siempre garantizado la privacidad, la protección de la identidad y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El anteproyecto, que facilitará el retorno voluntario de las víctimas a sus países de origen, reconoce también su derecho a la inserción social y laboral, a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital, a vivienda, a una reparación integral y a una compensación económica adecuada en forma de indemnización, con una protección específica en el caso de víctimas menores.
Llop ha destacado la apuesta por sensibilizar a toda la sociedad ante la trata, por desincentivar la demanda de los servicios que puedan prestar las víctimas y por fortalecer la inspección de Trabajo en los sectores con mayor riesgo de explotar a víctimas de trata
La norma acaba con la actual dispersión normativa y sigue las recomendaciones de los organismos internacionales, ha insistido la ministra. Llop ha puesto en valor el trabajo de los cuatro ministerios coproponentes -Justicia, Igualdad, Inclusión e Interior-. Además, ha recordado la ministra, que la norma ha recibido aportaciones de otros nueve ministerios.
