Aprobado un Real Decreto Ley con medidas en materia laboral que incluyen ayudas a empresas, trabajadores y autónomos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas para ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma y para articular la recuperación
económica de la isla.
Dentro de las medidas a corto plazo, el Consejo ha aprobado un Real Decreto con el
que se destinan 10,5 millones de euros, a través de una ayuda directa al Gobierno de
Canarias, para cofinanciar la compra de 107 viviendas para el realojo de las
personas que han perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica.
Además, el Gobierno estatal ha declarado la isla de La Palma zona afectada gravemente por
una emergencia de protección civil por la erupción del volcán. Este acuerdo habilita a todos los departamentos ministeriales para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los daños provocados por el volcán.
Comisión Mixta de Coordinación
Este martes se constituye además por videoconferencia Madrid-Canarias la Comisión
Mixta de coordinación de las medidas, presidida por Pedro Sánchez, e integrada por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
El Gobierno ha acordado asimismo la constitución de una Comisión Interministerial
para la emergencia de La Palma, que se reunirá por primera vez el próximo 4 de
octubre de manera telemática.
El Gobierno estatal asegura que las cifras disponibles hasta el momento elevan a entre 300 y 400 las viviendas arrasadas por la lava que en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban. Para realojar a las personas afectadas, el Gobierno de Canarias está
gestionando la adquisición de viviendas tanto existentes como provenientes de
promociones de obra nueva recientemente finalizada o en curso.
107 viviendas
El Gobierno de España va a participar cofinanciando esa adquisición. El Real Decreto
aprobado este martes concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de
Canarias para cofinanciar la compra de 107 viviendas en la isla de La Palma para
destinarlas al alojamiento, temporal o definitivo, de familias afectadas con la pérdida o
daño de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica.
Canarias deberá destinar el importe íntegro de la subvención a la adquisición tanto de esas 107 viviendas como la concesión de ayudas a los damnificados para la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de las viviendas.
Zona Catastrófica
Además de esta ayuda, la declaración de la isla de La Palma como ZAEPC (Zona
Catrastrófica) abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una
recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayanl
recuperado la normalidad, según apunta Moncloa.
El Acuerdo aprobado hoy detalla que la erupción volcánica forzó la evacuación
preventiva de 6.000 personas de las poblaciones afectadas por las coladas de lava,
que han causado daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como en
cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones
productivas.
Asimismo, indica que se han alterado redes del transporte de personas y mercancías,
con el corte de carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la
zona del oeste de la isla de La Palma, así como suspensión de actividades escolares
en algunos de los municipios afectados.
Ayudas
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros incluye una lista de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la erupción volcánica.
– Ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, incluyendo
tanto la destrucción total como las reparaciones necesarias para volver a ser utilizadas.
-Ayudas para la reposición de enseres de primera necesidad que hayan resultado
destruidos o dañados.
-Ayudas para alquileres de viviendas tanto para las personas que tenían viviendas en
ese régimen como para las que hayan de arrendarlas como consecuencia de la
destrucción o necesidad de reparación de las que tenían en propiedad o en usufructo.
–Gastos de emergencia en que hayan incurrido los ayuntamientos para garantizar la
vida y la seguridad de las personas o el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales.
Subvenciones
-Subvenciones a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar o
restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad local.
– Ayudas por daños en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas o forestales,
incluyendo, entre otros, los gastos derivados de la muerte de animales.
-Ayudas por daños en instalaciones de acuicultura marina.
-Ayudas para la promoción del turismo y la dinamización industrial de la zona afectada.
-Actuaciones para la regeneración medioambiental.
-Medidas laborales y en materia de prestaciones por desempleo.
-Bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
-Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
-Exenciones de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la
tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños
producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
destruidos o extraviados por dichas causas.
-Reducciones fiscales especiales para las actividades agrícolas y ganaderas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
-Bonificaciones en aranceles notariales y registrales cuando afecten a viviendas y
locales o establecimientos mercantiles, industriales o de servicios que hayan resultado
destruidos.
-Líneas preferenciales de crédito, subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial,
para cubrir los costes derivados de la reposición o reparación de instalaciones y
equipos.
Medidas en materia laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado además hoy un Real Decreto-Ley con medidas
en materia laboral que incluye la figura de un Expediente de Regulación Temporal de
Empleo específico para las empresas de Canarias afectadas por la erupción volcánica
en La Palma, vigentes en principio hasta el 28 de febrero de 2022.
Las empresas a las que se les autorice un ERTE tendrán derecho a los beneficios
extraordinarios y el tiempo que los trabajadores perciban la prestación por desempleo
no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción
establecidos.
Asimismo, el Gobierno pone en marcha ayudas específicas para las trabajadoras y los
trabajadores por cuenta propia afectados por la emergencia en La Palma y que se
vean obligados a cesar o suspender su actividad como consecuencia directa de la
erupción volcánica.
Estos autónomos podrán percibir la prestación por cese de actividad, sin que los cuatro
primeros meses computen a efectos de consumir los periodos máximos de percepción,
considerándose como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de doce
meses.
