El nuevo criterio judicial contra el abuso de temporalidad en el sector público anticipa una oleada de demandas en Canarias, la segunda comunidad con mayor tasa de precariedad estatal
El personal laboral temporal público, que representa el 37,8 % del total en Canarias, deberá litigar en los tribunales para poder cobrar indemnizaciones o para obtener la fijeza en su puesto si superó una oposición sin conseguir plaza. Las nuevas reglas que ha marcado el Tribunal Supremo ante el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas obligan a los afectados a iniciar esta vía judicial.
La principal novedad radica en que el tribunal reconoce la conversión de la relación laboral temporal en fija, en lugar de indefinida no fija como ocurría hasta ahora, si el trabajador que sufre el abuso de temporalidad superó un proceso selectivo para un puesto fijo aunque no lograra la plaza.
Desde UGT Servicios Públicos inciden en que, en este supuesto concreto, la fijeza ya no resulta contraria a derecho porque los procesos respetan «los principios de igualdad, mérito y capacidad», demostrando además que el abuso revela una necesidad estructural «que exige una reacción efectiva». El segundo punto clave del fallo beneficia a quienes han sido víctimas de este abuso pero no han superado nunca un proceso selectivo para personal fijo, los cuales podrán reclamar una indemnización compensatoria.
Canarias a la cabeza de la precariedad pública
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, España registra 981.000 empleados temporales en el sector público, lo que deja la tasa de temporalidad pública en el 26,8 %, una cifra que supera notablemente el 14,7 % del sector general. Por regiones, Andalucía encabeza el mayor número absoluto de temporales con 153.000 trabajadores, seguida por Madrid con 120.000, la Comunidad Valenciana con 105.000 y Cataluña con 102.000.
El panorama cambia al analizar el porcentaje de precariedad sobre el total de las plantillas públicas, donde el archipiélago canario muestra una de las peores situaciones del Estado. Las tasas más elevadas de temporalidad se concentran en el País Vasco (38,5 %), Canarias (37,8 %) y Navarra (34,9 %), seguidas de cerca por Extremadura (33,4 %), Murcia (33,3 %) y Aragón (31,7 %).
