Denuncia la formación socialista el desajuste de los datos oficiales en las prestaciones concedidas en dependencia en las islas por parte del Gobierno de Canarias
El PSOE Canarias ha valorado como muy graves los desajustes conocidos en los datos oficiales de la atención a la dependencia en Canarias. La vicesecretaria y portavoz parlamentaria socialista de Bienestar Social, Elena Máñez, ha señalado este lunes que es evidente que se ha producido una manipulación por parte del Gobierno de Canarias en la cifra de prestaciones concedidas. “Es un engaño, una estafa deliberada de este Gobierno de CC-PP, que ha perdido toda su credibilidad en la gestión de la dependencia. Debe haber consecuencias políticas”, ha dicho Máñez.
En comparecencia de prensa, junto a Nira Fierro y Marta Arrocha, secretaria de Organización y secretaria de Sanidad, Dependencia, Discapacidad de la dirección regional socialista, respectivamente, Máñez ha explicado que ha sido el Imserso, a raíz de las denuncias reiteradas del Partido Socialista y una pregunta de la propia Marta Arocha, quien finalmente ha confirmado que Canarias estaba contabilizando 9.012 prestaciones más de las que realmente había tramitado, subrayando que este desfase representa mucho más que un simple error administrativo o informático.
“Desde que se publicaron en enero los datos correspondientes al año 2024 desde el PSOE venimos denunciando que esta información no era real, pues resulta imposible que si atiendes a menos personas, aparezcan más prestaciones. Esto lo sabe la señora consejera, que es trabajadora social y ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. No puede excusarse en un error técnico, porque, si no lo sabía, entonces tenemos también un problema de incapacidad manifiesta”.
Datos «imposibles de encajar»
Máñez ha detallado que el Gobierno de Canarias ha contado como efectivas 16.208 prestaciones vinculadas a 4.328 personas atendidas en 2024, algo que es “imposible” de encajar, porque “una persona puede tener una o dos prestaciones, pero en ningún caso cuatro”. “Es un engaño deliberado. Se evidencia la mentira de la consejera Candelaria Delgado y del presidente Fernando Clavijo”, han insistido las representantes socialistas, añadiendo que se trata de una cuestión que “no es menor”, pues la financiación procedente del Estado se basa fundamentalmente en el número de personas atendidas. “Hablamos de fondos públicos mal justificados y de un engaño a la ciudadanía. Es muy grave”.
A ello hay que añadir que Canarias registra en la actualidad el peor dato de atención a la dependencia, con más de 30.000 personas pendientes de valoración, y más fallecidos que personas atendidas en los últimos tres meses. “Solo en marzo solo se atendió a 182 personas y han fallecido 702 personas esperando que se les reconozca el derecho”.
A juicio del Partido Socialista, la gestión del área de Bienestar Social por parte de la consejera, Candelaria Delgado, y el presidente, Fernando Clavijo, se ha convertido en una sucesión infinita de despropósitos. “Es la peor gestión que se recuerda en los últimos 18 años desde que se aprobó la ley de la dependencia, con el peor clima laboral. Y ya lo que faltaba era que nuevamente, una consejera de Coalición Canaria volviese a falsear los datos de dependencia, como ya hizo en su momento otra consejera de esta formación, en la etapa de Inés Rojas”.
Delgado asegura que el error se ha solventado
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha afirmado que se han solucionado totalmente «las pequeñas interferencias» en las cifras de dependencia remitidas al Imserso, y ha subrayado que no han supuesto perjuicios económicos al Gobierno central ni a los usuarios.
Candelaria Delgado se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que «el error, el desajuste con el Imserso» se debió a la traslación de datos entre el aplicativo estatal y el autonómico en 2024, lo que se ha solventado «y no va a volver a pasar».
Respecto a las críticas suscitadas por este asunto, la consejera ha indicado que ha reconocido su error a la hora de enviar los datos al Estado y ha pedido disculpas y, «frente a insinuaciones de otro tipo», ha dicho, quiere dejar «claro» que no se ha dejado de reconocer el derecho a la dependencia de ningún ciudadano, «se les ha atendido y no ha supuesto perjuicio económico al Estado».
