El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que la decisión llega el día en el que se han producido más contagios en Canarias desde el inicio de la pandemia, 638 casos en las últimas 24 horas, y que estudiarán recurrirla
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado la petición del Gobierno de Canarias para limitar la movilidad entre las 00.30 y las 6.00 horas en las islas con nivel de alerta 3 y 4 por la COVID-19.
En el auto, comunicado este miércoles, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, indica que, «a pesar de establecer un régimen de excepciones, considera que esta medida no está debidamente justificada y que no supera el canon de proporcionalidad porque no se aprecia ningún motivo en cuya virtud pueda razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche».
Añade la Sala que se trataría de un «verdadero confinamiento por la sola razón del horario» y señala que si lo que se pretende es evitar determinadas conductas que puedan entrañar un mayor riesgo para la salud pública, «cuentan los poderes públicos con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos, como pudieran ser los comprendidos en la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, o las previsiones de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, entre otras».
Para justificar aún más su decisión, la Sala recuerda las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan también el toque de queda en varias autonomías, como fue el caso de Baleares tras el final del estado de alarma.
El TSJC no duda de la idoneidad de la medida del ‘toque de queda’ para conseguir disminuir los contagios sin afectar a la actividad económica y laboral, pero «el fin no justifica cualquier medio y el acuerdo adoptado es excesivo y a costa de un perjuicio grave para la inmensa mayoría de la población, incluida la joven, que cumple las normas con la finalidad de evitar estos incumplimientos cuya prevención y sanción corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debiendo desplegar a tal efecto la actuación que sea necesaria para evitarla y corregirla si no han tenido éxito otros medios impeditivos o disuasorios».
Por todo ello, la Sala no estima que sea proporcionada «la restricción de la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos» y añade que no se ha acreditado que la situación en la que se encuentra la epidemia «represente un peligro tan grave e inminente para la salud y la capacidad asistencial que justifique esta excepción habiendo medios ordinarios menos restrictivos de los derechos fundamentales para resolver la problemática que se plantea, de modo que sea la responsabilidad individual y el autocontrol de las personas la razón del cumplimiento de las medidas por su propio interés y por su deber de no dañar a los demás».
Decepción por la decisión del TSJC
La decisión del TSJC, implica para Gobierno canario que no se puede llevar a cabo la medida más importante para evitar los contagios. Además, desde el Ejecutivo canario se recuerda que hay otras comunidades que sí han logrado restringir la movilidad nocturna.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que la decisión llega el día en el que han producido más contagios en Canarias desde que se inició la pandemia, 638 casos en las últimas 24 horas. Asimismo, Torres adelantó que el Consejo de Gobierno de este jueves abordará el auto del TSJC y estudiará presentar un recurso ante de casación ante el Tribunal Supremo. Para ello hay un plazo de tres días hábiles.
Para el comité asesor en COVID-19, la decisión del TSJC no se ajusta a las necesidades reales del nivel actual de contagio.
El presidente recuerda que la medida planteada por su Ejecutivo fue avalada este martes por la Fiscalía del TSJC, “que representa los intereses de los ciudadanos, con un informe muy contundente a favor” de esa restricción de la movilidad nocturna. Según recalcó, este toque de queda “es una herramienta eficaz” para la lucha contra la quinta ola de la pandemia, que está dejándose notar con fuerza en islas como Tenerife y afectando cada vez más al resto. En este sentido, recordó que se trata de una medida adoptada en otras olas y que ha dado los resultados buscados para revertir la situación en los contagios.
El titular del Gobierno canario considera imprescindible que la Administración regional siga disponiendo de herramientas eficaces para contener el número de contagios y aludió al resto de iniciativas adoptadas en las últimas semanas para lograr ese mismo fin, como el cierre nocturno de playas y otros recintos públicos donde se pudieran celebrar botellones y aglomeraciones, o bien la reducción de los aforos.
A su juicio, la postura del Gobierno regional “es compartida por la mayoría de la ciudadanía canaria, los organismos y los grupos parlamentarios. Lo que pretendemos es que no haya movilidad en esas horas y evitar las aglomeraciones de muchísima población que está disfrutando de vacaciones, especialmente los jóvenes, al ser los que están siendo más afectados por esta ola y al tratarse del último sector previsto para vacunarse”.
Máxima responsabilidad ciudadana
El jefe del Ejecutivo también señaló que el cierre de los interiores de bares y restaurantes, que tampoco fue avalado por el TSJC, sí se ha aplicado y ha demostrado, también en otras regiones y países, “su efectividad. Estas medidas han funcionado en islas que han subido a los niveles 3 y 4, pero, en esta quinta olea y tras perder ese tipo de herramientas, estamos observando cada día un aumento de contagios. Es verdad que es superior en otras comunidades, pero no conseguimos parar esta curva y, por tanto, aún menos doblegarla. El TSJC nos deja con un instrumento menos para bajar los contagios y, a falta de ese recurso, nos queda apelar a la responsabilidad ciudadana individual y colectiva, tal y como hemos hecho en esta etapa de la pandemia”.
Asimismo, insistió en que las administraciones isleñas y los cuerpos y fuerzas de seguridad seguirán con la máxima vigilancia en el cumplimiento de las restricciones actuales, así como con la mayor velocidad posible en el proceso de vacunación y en la realización de cribados masivos en las zonas de salud más afectadas.
Las autoridades insisten en apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos en un momento donde la incidencia continúa aumentando y la presión asistencial en los hospitales de las islas comienza a ser preocupante.
