Este lunes ha entrado en vigor la decisión anunciada por Donald Trump, de prohibir la entrada a Estados Unidos desde 12 países, incluido Haití, y de restringir la entrada de ciudadanos de otras siete naciones, entre ellas Cuba y Venezuela
El nuevo decreto presidencial prohíbe la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A su vez, restringe el acceso al país norteamericano de los connacionales de otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Excepciones para residentes
La proclamación contempla varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y están dentro del territorio estadounidense, a la vez que para los ciudadanos de estos países que tengan una residencia permanente en EE.UU. (también llamada ‘green card’) o doble nacionalidad.
Además, están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o el Mundial, y las personas de Afganistán con una visa especial.
Aunque el decreto prohíbe la entrada de cubanos y venezolanos que tengan visas de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F, M) o de intercambio cultural o académico (J); ordena a las embajadas y consulados de EE.UU. a «reducir la vigencia» de cualquier otra visa de no inmigrante para los ciudadanos de estos países, «en la medida que lo permita la ley».
Trump argumenta que la medida es para proteger la «seguridad nacional»
Trump argumentó tras el anuncio que la medida es necesaria para proteger la «seguridad nacional» del país y recuerda una medida que tomó en su primer mandato, cuando prohibió la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana.
Las naciones afectadas, argumenta el Gobierno estadounidense, no comparten información con Washington sobre sus ciudadanos, para «evaluar los riesgos de terrorismo o a la seguridad pública».
A su vez, añadió la Casa Blanca, estos «representan riesgo significativo de quedarse en EE.UU. más allá del tiempo autorizado por sus visas».
La orden establece un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un informe a Trump dándole seguimiento y recomendando si se debe continuar, terminar, modificarse o complementar esta disposición.
