Los Colegios de Trabajo Social de las islas denuncian que el decreto de dependencia traerá más burocratización y peor atención.

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife expresan este lunes su «profunda preocupación» ante la entrada en vigor del decreto de dependencia. Fue aprobado en abril por el Gobierno de Canarias. Aseguran que «bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad».

Más burocracia y peor atención

Los colegios detallan que «lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales, una simplificación que complica a la ciudadanía».

En esa línea, esgrimen que «aunque el Gobierno de Canarias presenta el decreto como una medida para agilizar los procedimientos, en la práctica la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar».

Esto incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocerá algún grado de dependencia. Pese a ser presentado como una simplificación, aseguran que el decreto «únicamente aligera la carga administrativa para el Gobierno de Canarias y traslada toda la complejidad y responsabilidad a la ciudadanía, que deberá completar un modelo de solicitud exhaustivo y difícil de interpretar».

Los colegios consideran que el decreto es una «involución» de la atención pública ofrecida. «Es una burocratización del proceso aún mayor para las personas dependientes y sus familias, un colectivo fragilizado, con una biografía marcada por el esfuerzo, al que la administración pretende sumar más carga. Esta situación obligará a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturará aún más unos servicios ya sobrecargados», señalan.

Riesgos

El nuevo modelo de solicitud pide que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, sin la orientación de profesionales especializados. Los Colegios de Trabajo Social de Canarias consideran que esto aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situación de dependencia.

Además, indican los colegios, el modelo solicita autorización para acceder a datos «sanitarios» y sobre «circunstancias familiares y sociales» sin especificar claramente cuáles son estos datos, lo que plantea «serias dudas» sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultara el Gobierno de Canarias.

El nuevo decreto, que elimina el informe social, tampoco contempla la incorporación del anunciado ‘informe de entorno’, denuncian.

Esta doble ausencia, insisten, priva al procedimiento de valoración de herramientas esenciales para interpretar el contexto y las necesidades reales de la persona solicitante. A pesar de la inminente entrada en vigor del decreto, señalan que no se ha desarrollado un modelo normalizado que garantice una «evaluación rigurosa, equitativa y centrada en la persona».

Según los colegios, «esta carencia no solo compromete la calidad del proceso, sino que contradice abiertamente las directrices del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».

Derecho a una atención informada

Uno de los aspectos más preocupantes del nuevo procedimiento, a juicio de los colegios, es que se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoración y elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), qué servicio o prestación desea recibir, sin haber tenido tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente.

«Esta decisión se tomará minutos después de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantías de comprensión clara de las implicaciones de cada alternativa», destacan.

A ello se suma una medida «especialmente lesiva», comentan, pues el decreto establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada.

En caso de no hacerlo en ese plazo, se perdería el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la administración que la demora no fue imputable a la persona interesada.

Más presión para el personal sanitario

En ese sentido, comentan que este decreto hace responsable del dictamen-propuesta a profesionales que «ya de por sí están saturados y que, en muchas ocasiones, no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoración adecuados».

En el caso de tener que analizar la situación personal, familiar y social, indican que se basarán en el análisis de la documentación aportada y no en la visita o análisis real del entorno en el que vive la persona hospitalizada.

Este nuevo decreto pone en evidencia una «desconexión profunda» entre la administración autonómica y la realidad de las personas en situación de dependencia y de los equipos que las atienden, exponen.

«No se puede hablar de mejora cuando lo que se ofrece es un procedimiento farragoso e inaccesible. No se puede hablar de protección si desaparece la mirada profesional, social y contextual», apuntan.

Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias avisan de que no serán «cómplices del desmantelamiento progresivo de un sistema que debe garantizar derechos, no obstáculos».

Por ello defienden un modelo de atención a la dependencia centrado en la persona, accesible, justo y técnicamente solvente.

«No podemos permitir que quienes más apoyo necesitan se enfrenten a trámites imposibles», indican