El juicio por el caso Jable queda visto para sentencia. Con ello, se pone fin a más de una década de instrucción judicial por el caso Unión

El juicio por la Operación Jable, la única pieza que quedaba por enjuiciar en el caso Unión, ha finalizado este miércoles. Y lo ha hecho con los informes de las partes, en los que la Fiscalía ha hablado de una «lacra corrupta» duradera en el tiempo. Mientras la defensa de la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz ha denunciado un «fracaso» en la prueba.

Final del juicio

Tras varias sesiones de un juicio que llega dos décadas después de que se cometieran los hechos que han confesado como ciertos varios de los implicados. Las acusaciones han mantenido que estas personas se aliaron con las empresas Tecmed -luego Urbaser- y FCC para lucrarse de manera ilícita a costa de las arcas del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote).

Para el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados que se mantienen al final del procedimiento. Ya que ha retirado cargos entre abril y septiembre a siete de ellos.

«Existen tantas corroboraciones objetivas de los actos que se les imputan, que las declaraciones incriminatorias de los coacusados no son ni tan importantes, la realidad sigue siendo la misma», ha defendido el representante del Ministerio Público durante su intervención final. Se adelantaba así a los reparos de las defensas de Déniz y del que fuera por aquel entonces secretario del Consistorio, Felipe Fernández Camero. Ambos desprestigiaron el valor probatorio de los testimonios de los imputados arrepentidos.

«Lacra corrupta que se mantuvo en el tiempo»

Ródenas ha insistido en que el proceder de estas personas ha sido una «lacra corrupta» que se mantuvo en el tiempo, entre 2001 y 2007. Y que afecta «a un patrimonio sentimental como es el ayuntamiento, mucho más que un edificio» porque «representa los sentimientos de los habitantes de un municipio».

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife, ha apuntado, por su parte, que no le cabe «ninguna duda» de la participación de la exalcaldesa de la ciudad en los hechos que se enjuician, puesto que ha llegado a admitir, algo que no había hecho antes, que recibió ciertos regalos.

El abogado en defensa de los intereses del Consistorio, Alfredo Liñán, ha ahondado en el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos -firmado en 2002- que fue presuntamente amañado para que Tecmed resultara beneficiaria.

Investigación de contratos

«En el contrato de concesión de basuras nos encontramos, además del amaño, que existe un vicio y una nulidad absolutas, porque se conceden a dedo y sin ningún tipo de legalidad dos obras mayores para construir dos naves», ha recordado Liñán. Quien ha agregado que por culpa de ese acto, el Ayuntamiento ha quedado «hipotecado durante 25 años».

Para la acusación popular, ejercida por la Asociación de Transparencia Urbanística (ATU), el presente caso de corrupción ha tenido carácter «pornográfico», en tanto en cuanto «fueron actos impúdicos, obscenos, expuestos a la vista de todos».

Su abogada, Irma Ferrer, ha agradecido la labor de la justicia durante toda la macrocausa. Y ha asegurado que el final de este juicio constituye un «mérito de la democracia».

En su opinión, no se ha aportado ninguna prueba de descargo que acredite la inocencia de quienes se sentaron en el banquillo y ha criticado la «frivolidad» con la que actuaron «en contraste con el daño real que se hace a las instituciones públicas, no solo en su credibilidad, sino también a la credibilidad de la justicia».

Inconcreciones e imaginación

Por su parte, las defensas de los únicos dos acusados que no han reconocido los hechos, y que solicitan por tanto su absolución, Fernández Camero y Déniz, han tachado de «inconcreto» el relato acusatorio del Ministerio Público. Y han llegado a decir que su acusación por fraude a la administración -que incluyó en la última sesión al modificar sus conclusiones- fue «imaginativa».

El abogado de Fernández Camero, José Antonio Choclán, ha señalado que esta nueva acusación del fiscal Ródenas «infringe el derecho de defensa». Pero que, más allá de eso, es «inconcreta» porque no se sabe «en qué consiste el fraude», ni qué relación tiene respecto de su defendido.

Choclán ha aseverado que no niega la existencia del hecho que se enjuicia, pero sí que haya tenido algún tipo de participación su cliente, y ha afirmado que el escrito de Fiscalía «contiene contradicciones internas que conducen a resultados ilógicos», y que la agenda sobre la que se basa la acusación «no es una prueba objetiva externa».

Dudas sobre la conformidad

El letrado de María Isabel Déniz, José María Calero, ha sembrado dudas sobre la «conformidad» entre algunos de los acusados y el Ministerio Fiscal, que es «un secreto a voces» pese a que han querido hacerlas ver como «secretas». Y que «no se pueden decir», al tiempo que ha explicado que este proceder es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, ha ahondado en que la Fiscalía ha «omitido» datos objetivos que han acreditado durante el plenario porque le «estropean el relato» y «prefiere la victoria a la justicia».

Calero ha asegurado que la prueba aportada por el fiscal es un «fracaso», ya que «es poco fiable, y las fuentes son muy oscuras, muy interesadas, no hay una corroboración externa», al tiempo que ha indicado que, de considerarse culpable a su defendida, se deberían aplicar las dilaciones indebidas como muy cualificadas, y no como simples.

El resto de defensas mostraron su acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía, si bien algunas de ellas han pedido que se conmuten las penas de prisión por multas, en caso de ser posible.

El juicio ha quedado visto para sentencia y, con ello, se pone fin a más de una década de instrucción judicial por el caso Unión.