El magistrado ha seguido así el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al no apreciar riesgo de fuga y dado el «arraigo» que tiene el capitán en España, y al considerar asimismo que el ingreso en prisión provisional que solicitaban los familiares de una de las 21 víctimas -una de ellas de Gran Canaria-, es una «medida de carácter excepcional»

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dejar en libertad provisional al capitán del Villa de Pitanxo, el buque gallego que naufragó el pasado mes de febrero en Terranova (Canadá), si bien le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país.

El magistrado ha seguido así el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al no apreciar riesgo de fuga y dado el «arraigo» que tiene el capitán en España, y al considerar asimismo que el ingreso en prisión provisional que solicitaban los familiares de una de las 21 víctimas -una de ellas de Gran Canaria-, es una «medida de carácter excepcional».

Procede, por tanto, señala el juez en su auto, «medidas menos gravosas», de modo que ha acordado dejarle en libertad provisional con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, lo que en la práctica le impediría volver a embarcar, que es lo que querían los familiares de las víctimas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha adoptado estas medidas cautelares tras tomar declaración a los tres únicos supervivientes de esta tragedia: al capitán, Juan Padín, en calidad de investigado; a su sobrino, Eduardo Rial, y al marinero ghanés Samuel Kwesi, como testigos.

Las discrepancias entre este último y los otros dos supervivientes se sitúan en el origen de la investigación, donde la Fiscalía ve indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, los tres han mantenido este lunes sus versiones ante el juez y, en el caso de Padín, que sólo ha respondido a su abogado y a la Fiscalía, ha asegurado que él dio la orden a la tripulación para que se pusiera el traje térmico de supervivencia y el resto del equipo de salvamento.

Ha garantizado que había trajes para todos los tripulantes que iban en el buque pesquero y que es responsabilidad de cada uno ponérselo, y ha añadido que detectó que la tripulación estaba en shock, indican las fuentes.

También ha seguido manteniendo que el problema surgió cuando el motor del barco dejó de funcionar, lo que, unido a las condiciones meteorológicas, provocaron la sucesiva entrada de agua por la aleta de babor, y eso originó una cada vez mayor escora.

Una versión que contrasta con la del marinero Kwesi, quien en un principio respaldó el relato del capitán y de su sobrino -que suscribe lo mismo que Padín-, si bien más tarde y, tras denunciar presiones, declaró que el motor del buque no se paró repentinamente, sino que las maquinillas que recogen el aparejo «dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo», lo que provocó la escora del barco.

Relató que gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero que se negó, y que después, con el buque muy ladeado, el motor se paró y se incrementó la escora de babor, y negó que el capitán ordenase ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban, un relato que, según las fuentes, ha mantenido ante el juez.

El auto recoge que el expediente de la Capitanía Marítima de Vigo para el buque, fechado el pasado 22 de enero, cifraba en 22 el número de personas para las que había dispositivos de salvamento.

Sin embargo, en la protesta del capitán ante el cónsul general del España en Montreal (Canadá) se pone de manifiesto que eran 24 los tripulantes, lo que permite suponer que se carecía de medidas de seguridad y salvamento para dos miembros de la tripulación hasta el punto de que sólo había chalecos y trajes para 22 y no 24 personas.

Pese a que el juez de la Audiencia Nacional ha tomado declaración a los supervivientes todavía no ha asumido de manera oficial la competencia de esta investigación, donde se trata de dilucidar la posible comisión de delitos derivados «tanto del hundimiento del buque como de la muerte de 21 personas que integraban su tripulación», según hizo constar la Fiscalía en uno de sus primeros informes.

Las labores de búsqueda realizadas tras el naufragio sólo consiguieron hallar los cuerpos de nueve de las víctimas.

Por el momento, las familias de las víctimas han acogido la decisión del juez con alivio ante el «temor» de que una tragedia como la ocurrida -una de las mayores de la navegación española- se pudiese volver a repetir, pero son conscientes de que «hay que seguir», según informa una portavoz.

Más allá de la vertiente judicial del caso, insisten en la necesidad de bajar al pecio hundido para comprobar en qué estado se encuentra, y han anunciado que se concentrarán este miércoles frente al Congreso.