Los datos del CGPJ sitúan a Canarias con una condena en los delitos juzgados por corrupción pública
Los juzgados y tribunales españoles dictaron en el segundo trimestre del año 23 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 19 (el 82,6 por ciento) fueron condenatorias, concentrándose la mayoría en Andalucía. Si bien Canarias registró una, según los datos difundidos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De los 23 fallos emitidos entre el 1 de abril y el 30 de junio, 19 fueron condenatorios –8 con conformidad de los acusados, nueve sin conformidad y dos parcialmente condenatorios–, mientras que los otros cuatro fueron absoluciones.
Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que más condenas por corrupción acumuló (7), seguida de Cataluña y Asturias, con 3 cada una. Luego Canarias, Castilla y León, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia, con una cada una. Las cuatro sentencias absolutorias se repartieron entre Canarias, Castilla y León, Valencia y Extremadura.
Además, en ese mismo periodo se procesó o envió a juicio a 16 personas físicas y tres jurídicas en dos procedimientos, seguidos ambos en juzgados y tribunales andaluces.
Así se recoge en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año.
«Corrupción pública»
Este repositorio, presentado en 2017, «permite a la ciudadanía conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores», destaca el CGPJ.
La información reflejada corresponde a la denominada «corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía«, por lo que los procedimientos «tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política».
Se trata de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Además de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
