La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que las formaciones políticas que, como Ciudadanos, la han acusado de cometer una injerencia con el Tribunal Supremo (TS) en relación a los indultos concedidos por el Gobierno a los independentistas catalanes son quienes realmente pretenden «influir» sobre su decisión

Llop ha reiterado que ve «bastante improbable» que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anule los indultos, una cuestión «meramente jurídica y técnica» sobre la que la Abogacía del Estado ya ha advertido de la falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas que presentaron el recurso.

En declaraciones a los periodistas durante la inauguración del juzgado de paz del municipio asturiano de Castrillón, la titular de Justicia ha señalado que quien hace esas afirmaciones sobre su supuesto intento de injerencia «desconoce cómo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo, eso es que no los conoce bien».

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre la subida del precio de la electricidad, que ha batido su récord histórico por segundo día consecutivo, la ministra ha advertido de que se trata de una cuestión «absolutamente compleja» que está tratando «con muchísima dedicación y responsabilidad desde el Ministerio de Transición Ecológica».

«Se están haciendo muchos esfuerzos y avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios», ha añadido.

Además, Llop se ha referido a la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación contra la covid-19 para incidir en que «afortunadamente» España cuenta «con una sociedad muy responsable» en la que una gran mayoría de ciudadanos comprende que inmunizarse supone también garantizar «la protección de los demás» y no sufre los problemas de rechazo que se producen en otros países.

En relación con la pandemia, la titular de Justicia ha insistido en que el criterio del Gobierno está «más próximo» a la postura de los cinco magistrados que defendieron la idoneidad de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 y quedaron en minoría en el Tribunal Constitucional, que consideró que procedía aplicar el estado de excepción al entender que se había suspendido el derecho a la libertad de movimientos.

La ministra ha reiterado también que el Tribunal Supremo deberá «sentar definitivamente una doctrina» sobre las restricciones que pueden aplicar las comunidades cuando estudie los recursos contra las decisiones de aquellos Tribunales Superiores de Justicia que no haya autorizado las medidas propuestas por sus gobiernos autonómicos y analice «en cada caso concreto las circunstancias particulares de cada territorio a la hora de saber qué medidas se tienen que aplicar».