La pena impuesta por el TS es de un delito de revelación de secretos
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, presentó este lunes su renuncia a través de una carta que envió a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras resultar condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según informaron a EFE fuentes de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo impuso dicha pena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Dimisión sin conocer veredicto
En su carta, García Ortiz solicitó al ministro de Justicia su cese a petición propia «sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia» del que por ahora solo se conoce el fallo.
«Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española«, señaló.
El hasta ahora fiscal general del Estado expresó en la misiva su «profundo respeto a las resoluciones judiciales» y a la voluntad «siempre presente» en su mandato que es, subrayó, la de «proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales».
«Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», sostuvo.
García Ortiz también agradece al Ejecutivo «la confianza depositada» que, considera, es la misma que ahora devuelve, al entender que, «una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».
