La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, ha afirmado que no hay «ningún dato» que avale un aumento de la delincuencia por la llegada de migrantes a las islas
La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, ha reclamado una estructura estable para atender a los migrantes que llegan al archipiélago. También, ha solicitado más medios, recursos y acabar con los «parches».
En la presentación de la memoria correspondiente a 2022, ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad, ha indicado que la inmigración en Canarias no es «algo raro» sino que «ocurre permanentemente» y no entiende que se vuelva a improvisar tras las crisis de los cayucos de 2006 y los años 2020 y 2021.
Un repunte inesperado
No obstante, ha admitido que el repunte de septiembre y octubre «ha cogido de sorpresa» pues «nadie» lo esperaba. Ahora, afirma, todas las instituciones «tienen que organizarse» para que los casos se resuelvan «lo más rápido posible».
Para ello, ha indicado que se ha nombrado una fiscal delegada autonómica que va a entablar reuniones de coordinación con la Dirección General del Menor o la Policía Nacional para tratar de agilizar trámites.
Por ello, ha pedido crear instalaciones «adecuadas y permanentes» y «no esperar a que ocurra el problema porque va a continuar». Farnés ha afirmado que con unas llegadas «de tal calibre», desde la Policía Nacional «no dan abasto». Recalca que ni siquiera se puede investigar casos de trata de personas ni a los patrones de las embarcaciones.
No hay repunte de delitos por la llegada de migrantes
La principal figura de la Fiscalía canaria ha indicado que «no hay ningún dato» que haga pensar en un «repunte» de delitos como consecuencia de la llegada de migrantes.
Por otro lado, ha reclamado evaluar la inmigración como un problema de «conjunto» que obliga a tener más medios en los hospitales, por ejemplo, para determinar la edad de los presuntos menores. Además, ha alertado de los «serios problemas» que se dan con la documentación de las personas procedentes de Gambia, pues «no se sabe si es verdadera o falsa», lo mismo que ocurre con las partidas de nacimiento senegalesas o las tarjetas sanitarias de Malí.
También, ha negado que haya un «colapso» en los servicios de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a raíz del aumento en la llegada de migrantes desde el pasado verano, especialmente a la isla de El Hierro.
Aumentan los delitos contra la vida, las agresiones y los abusos sexuales
Farnés ha expuesto que en 2022 aumentaron los delitos contra la vida (consumados o intentados), que fueron 76 en Las Palmas y 67 en Santa Cruz de Tenerife. También, las diligencias previas por agresiones y abusos sexuales.
En cuanto a la violencia machista, en 2022 se incoaron 6.854 procedimientos en Las Palmas y 5.673 en Santa Cruz de Tenerife. Farnés ha hecho hincapié en la necesidad de favorecer la prevención de la violencia de género mediante la educación de niños y jóvenes en el respeto a la dignidad de las mujeres.
Respecto a la ley del sí es sí, se examinaron 300 ejecutorias, entre las que hubo 14 en las que se rebajaron las penas de uno a dos años y cuatro excarcelaciones.
La situación de la Fiscalía canaria es «crítica» por la falta de espacios
María Farnés también ha dicho que la situación del Ministerio Público en las islas es «crítica» por la falta de instalaciones.
En Santa Cruz de Tenerife sigue sin haber Palacio de Justicia, en Puerto del Rosario (Fuerteventura) se trabaja en un garaje y en San Bartolomé de Tirajana los dos últimos fiscales que han llegado tienen que trabajar en Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio, ha señalado.
«Es necesario ampliar la plantilla de funcionarios, pero no se puede por falta de espacios», ha dicho Martínez.
La falta de medios se extiende a otras áreas
La falta de medios se extiende a la carencia de psicólogos y asistentes sociales, ha dicho, lo que impide contar con informes psicosociales para establecer regímenes de visitas a menores en los conflictos familiares.
Tampoco hay medios sociosanitarios para atender a personas con discapacidad a las que se da de alta en los hospitales y no regresan a sus domicilios.
No hay peritos expertos en medio ambiente y urbanismo, ha explicado la principal figura de la Fiscalía canaria, quien ha puesto de relieve además que sigue sin funcionar la oficina de atención a las víctimas, a pesar de que en teoría está en vigor desde marzo de 2021.
