La solicitud implica que se les aparte de la toma de ninguna decisión en las causas penales que afectan al empresario
El Ministerio Público ha presentado una recusación contra el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, y su compañero de sala Carlos Vielba. Entienden que ambos magistrados tienen comprometida su imparcialidad por la «amistad» que considera que les une con el presidente de la UD Las Palmas.
La Fiscalía presenta esta recusación después de que ambos, junto a la magistrada Eugenia Cabello, exoneraran a Ramírez de cualquier responsabilidad penal sobre los fraudes que se atribuyen a Seguridad Integral Canaria en 2014 y 2016. Los magistrados consideraron que no se podía considerar que fuera administrador de hecho de la misma en esos años.
Según la denuncia de la Agencia Tributaria, de la que fue exonerado, Seguridad Integral Canaria dejó de ingresar a la Hacienda pública más de dos millones de euros entre 2014 y 2016 por diversos pagos a la plantilla de la empresa. Pagos que estaban relacionados con horas extras, atrasos y otras diferencias salariales haciéndolas pasar como dietas o indemnizaciones por despido a sus trabajadores.