La empresa de reparto, Glovo, abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para empezar a ejecutar los contratos
La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España para hacerles contratos laborales. Hasta ahora, la empresa contaba con trabajadores autónomos para realizar los envíos pero la compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira por el uso de la figura de los autónomos.
Esto ha llevado a una juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. La juez ha citado a declarar como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.
En un comunicado, la empresa ha asegurado este lunes que ha dado este paso «en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado». Además Glovo ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar este de cambio de modelo y empezar a crear contratos laborales.
La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en las más de 900 ciudades en las que realiza entregas. Sin embargo, Glovo no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo. La compañía también ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores.
La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector «para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados», ha señalado la compañía tecnológica.
Esta empresa de reparto fundada en 2015 en Barcelona está «comprometida con el desarrollo de la economía digital» en España, y que este nuevo paso «refuerza y consolida» su proyecto en España.
Una denuncia de la fiscalía llevó a la causa judicial
La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía «suprime» los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.
Según el relato de la fiscalía, los repartidores «se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa».
La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió en octubre a la Fiscalía General del Estado.
El ministerio público recuerda que es «una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social».
