El Ayuntamiento reclama la intervención del Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo para gestionar el lanzamiento judicial de la Casa de Mr. Leacock el próximo 30 de junio
El Ayuntamiento de Santa María de Guía, en Gran Canaria, ha solicitado este jueves la colaboración urgente del resto de administraciones —estatal, autonómica e insular— para afrontar el desahucio de unas 200 personas. El consistorio local admite que la magnitud de este desalojo, previsto para el 30 de junio, supera sus competencias y recursos municipales, por lo que requiere un frente común ante una situación de emergencia social.
La corporación justifica esta petición debido a la proximidad del lanzamiento judicial. También, a la complejidad que rodea al edificio conocido como la Casa de Mr. Leacock. La empresa propietaria del inmueble ha impulsado este proceso legal que dejará en la calle a decenas de familias en apenas unas semanas, lo que ha encendido las alarmas en la Junta de Gobierno local.
Una intervención coordinada
El municipio considera imprescindible que las instituciones superiores activen sus protocolos de actuación para evitar un vacío asistencial. En concreto, el Ayuntamiento demanda que la Delegación del Gobierno garantice la seguridad durante la jornada, mientras que el Servicio Canario de la Salud y el Ejecutivo regional deben asegurar la atención sociosanitaria de los afectados.
Por su parte, el consistorio espera que el Cabildo de Gran Canaria facilite los recursos de acogida temporal necesarios para las familias desplazadas. El Ayuntamiento entiende que es necesaria «la intervención coordinada de otras administraciones públicas» para cubrir todas las aristas de este conflicto, desde la vivienda hasta la asistencia social básica.
Protección para los más vulnerables
Los informes municipales confirman que en el edificio residen actualmente menores de edad y ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Esta realidad ha empujado a la corporación a elevar el tono de su petición, centrando sus esfuerzos en proteger los derechos de los colectivos más frágiles que habitan hoy en la Casa de Mr. Leacock.
El gobierno local ha tomado esta decisión basándose en una estrategia de choque para mitigar el impacto del desahucio. Según ha incidido la propia corporación: «La adopción del presente acuerdo responde a criterios de prevención, protección social, salud pública y seguridad así como a la necesidad de anticipar las consecuencias del inminente lanzamiento judicial previsto».
