A una pregunta de la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, el ministro también señaló que las pruebas para los afectados serán unos concursos oposiciones especiales en los que va a contar la experiencia
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha dicho que la propuesta que estudia el Gobierno para el empleo público prohibirá la temporalidad por más de tres años y sancionará a las administraciones que contraten con fraude de ley.
Respondía así en el pleno del Congreso a una interpelación de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de «fraude de ley por abuso de temporalidad» de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado.
Oramas ha señalado que afecta a «cientos de miles de personas», que han sufrido «permanente fraude en sus contrataciones» y ha pedido al Ejecutivo que apruebe «un indulto ante un delito que han cometido las administraciones públicas» y asuma sus responsabilidades en defensa de unos derechos adquiridos.
Se ha preguntado qué problema hay para darles estabilidad hasta su jubilación, porque las oposiciones no son una salida para los que llevan décadas desarrollando su trabajo.
Un millón de trabajadores públicos
Ha precisado que hay un millón de trabajadores públicos temporales, de los que 700.000 son mujeres, «de una edad en la que no volverán a encontrar trabajo».
El ministro ha indicado que ayer se celebró una Comisión de seguimiento sobre este asunto y mañana habrá una conferencia sectorial, en la que se presentará la propuesta del Gobierno y que «en breve» un Consejo de Ministros verá el decreto ley sobre la temporalidad en las administraciones públicas.
Ha anunciado que se va a prohibir la temporalidad por mas de tres años, implicará la reforma del estatuto básico del empleado público, intentará dar estabilidad y compensar a los afectados, unos 800.000, y «castigará» a las administraciones públicas «que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley».
Ha indicado que es un problema que arrastra de hace treinta años y que no se puede por ley hacer funcionario a una persona que no lo es, por lo que los que no superen las pruebas quedarán en una bolsa de trabajo de interinos.
Oramas ha insistido en hay que buscar una solución para los afectados, que no son las oposiciones, y ha preguntado si se respetarán los acuerdos a los que puedan llegar los gobiernos autonómicos con los sindicatos al margen de la negociación estatal.
Iceta ha manifestado que las pruebas serán unos concursos oposiciones especiales en los que va a contar la experiencia y que las comunidades autónomas y los entes locales «tendrán un margen», porque no se quiere perder «la experiencia y el talento de tanta gente».
Principio de acuerdo en Canarias
Después de meses de negociaciones, protestas y hasta encierros reivindicativos, el Gobierno de Canarias y los empleados públicos temporales de la Comunidad Autónoma firmaron un principio de acuerdo para buscar posibles soluciones al abuso de temporalidad.
Tras seis meses de conflicto este acuerdo, similar al que iban a firmar en a-bril, incluye dos incorporaciones: el alcance jurídico y el propósito del Gobierno de crear un espacio de diálogo y estudio al que quiere que se sumen todos los sindicatos.
El nuevo acuerdo ratifica el alcance definido en el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que da margen al Ejecutivo autonómico y las organizaciones que representan al personal público para impulsar las actuaciones de carácter político y sindical que crean convenientes para abordar y encontrar soluciones al abuso de temporalidad que sean posible y en el ámbito competencial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En relación a lo segundo, el acuerdo suscrito hace constar el propósito del Gobierno de sumar al resto de organizaciones sindicales del Archipiélago en ese análisis de la situación y en el diseño de una solución al abuso de la temporalidad.
