Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia se ha insistido en que se ha supervisado tanto el gasto como la atención a los menores
La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, perteneciente a la Consejería de Derechos Sociales, asegura que desde el Gobierno de Canarias se ha supervisado tanto el gasto como la atención a los usuarios de los centros de menores en el archipiélago y sospechan de intenciones políticas en todo este asunto.
Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y a la Familia reconoce que sí hubo problemas con los centros de menores antes de 2022, fecha que coincide con el cese de una de sus directoras, María de los Ángeles Barroso, investigada por posible malversación.
Según la Dirección General de Protección a la Infancia, Barroso cuenta con un gran currículo y la Fundación que encabezaba, Siglo XXI, se seleccionó en un momento de crisis.
El sindicato CCOO, por su parte, lamenta el daño a la imagen de los centros y reclama más supervisión en este tipo de servicios externalizados.
El Gobierno de Canarias expresó la pasada semana su voluntad total y absoluta de colaborar con la Justicia respecto a la posible malversación de fondos en la atención a menores migrantes.
Así, ha subrayado su intención de personarse en la causa porque, si los hechos denunciados son ciertos, se considera perjudicado, según señaló el portavoz en funciones del Gobierno en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.
29 varones en espera a certificar su edad
Mientras tanto, 29 varones seguirán acogidos en la isla de El Hierro a la espera de las pruebas de edad para certificar si son menores o no. Permanecen en las instalaciones de la Residencia Escolar de Valverde que vuelve a estar operativa tras solucionarse los problemas en la fontanería.
Una niña sí ha sido trasladada a Tenerife, al igual que las 124 personas adultas. Todas ellas llegaron en un cayuco el pasado viernes.
