Según el Gobierno si los hechos denunciados son ciertos, el Ejecutivo se considera también perjudicado
El Gobierno de Canarias ha expresado su voluntad total y absoluta de colaborar con la Justicia respecto a la posible malversación de fondos en la atención a menores inmigrantes. Ha subrayado su intención de personarse en la causa porque, si los hechos denunciados son ciertos, se considera perjudicado.
El viceconsejero de la Presidencia en funciones, Antonio Olivera, ha afirmado este jueves en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la titular de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha informado al gabinete de que se ha dirigido a la Fiscalía para solicitar personarse en las diligencias abiertas por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes.
Seguirán colaborando para esclarecer la supuesta malversación de fondos
Derechos Sociales seguirá colaborando «al máximo» en dicha investigación, ha continuado Antonio Olivera. Ha puntualizado que los contratos formalizados con la citada oenegé se realizaron de forma urgente ya que los anteriores gobiernos regionales habían desmantelado el servicio de atención a menores inmigrantes. «El Gobierno tuvo que actuar de emergencia para atender a 3.000 personas en un tiempo récord y en esos contratos siempre se ha actuado con absoluta transparencia», ha señalado el viceconsejero. Ha precisado que no ha habido incidencia alguna respecto a la atención a los menores.
Olivera ha recordado que los espacios habilitados para dicha atención han sido visitados por los servicios de inspección de la Dirección General de la Infancia y la Familia, la Secretaría General de la Consejería de Derechos Sociales y en diferentes momentos el Diputado del Común y parlamentarios autonómicos, además de organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos de las personas migrantes.
«Permanente apertura y transparencia»
«En resumen, ha habido siempre una permanente apertura y transparencia y no ha habido quejas sobre los elementos que incidían en la atención de estas 3.000 personas y, ante cualquier alerta, se ha intervenido con precisión», ha insistido el representante del Ejecutivo autonómico.
Se trata de un problema que puede afectar a la gestión de los recursos económicos por parte de algunas personas que trabajaban en esos servicios, ha proseguido el viceconsejero.Ha apostillado que se trató de una contratación de emergencia para hacer frente «a una situación excepcional a mediados de 2020».
Por ello en cuando el Gobierno dispuso de los recursos económicos necesario procedió a sacar a licitación estos servicios. Actualmente se encuentran en el procedimiento de contratación por la vía ordinaria. Si no se pudo iniciar antes la licitación se debió a que el Ejecutivo regional hubo de afrontar un gasto no previsto que surgió de forma inesperada ante el incremento del flujo migratorio en los últimos años, ha añadido Olivera.
Ha asegurado que gracias a las gestiones del Gobierno de Canarias ante el Ejecutivo central en este ámbito se procedió a la firma del convenio correspondiente a finales del año pasado para gestionar los recursos necesarios con una dotación de 50 millones de euros. Antonio Olivera ha confiado en que, con la licitación ya en marcha, se pueda proceder a la contratación de estos servicios «de forma ordinaria y regulada».
Ampliación de la prórroga de la Zona Especial Canaria
Entre otros asuntos, el Gobierno ha valorado la decisión de la Comisión Europea de autorizar la prórroga de la Zona Especial Canaria hasta 2032.
