Los alimentos intervenidos estaban a la venta con un etiquetado inadecuado, caducados o en mal estado de conservación
Agentes de la Guardia Civil de Playa de Las Américas, en Tenerife se han incautado de 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano. Estaban expuestos a la venta en un establecimiento comercial ubicado en el Polígono Industrial de Las Chafiras, en San Miguel de Abona.
La inspección fue iniciada por los agentes del SEPRONA en un supermercado. Sin embargo, tras comprobar las irregularidades que podrían estarse cometiendo y que estaban poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores, activaron al personal de Sanidad para que, de forma conjunta llevar a cabo una inspección profunda en todo el establecimiento. La inspección duró más de cinco horas.
En el interior del establecimiento fueron hallados diferentes productos de alimentación (cárnicos, conservas, productos manufacturados, pescado congelado) que “carecían de las condiciones higiénico sanitarias necesarias para ser consumidos”. Estos alimentos estaban en estanterías, arcones congeladores o en cámaras frigoríficas, listos para ser comprados por los clientes, careciendo de etiquetas y desconociendo su origen.
Carne caducada y pescado sin etiquetado
La carne que los agentes encontraron en los expositores y en una cámara frigorífica interior estaba caducada o carecía de etiqueta. Se desconocía su composición y origen.
El pescado también estaba congelado, puesto a la venta envasado sin ningún tipo de etiquetado, con fecha de consumición preferente superada. O incluso alguno con alteraciones producidas por rotura de la cadena de frio.
En uno de los expositores había atún rojo en porciones de dos a tres kilogramos envasado por el propio establecimiento y sin ningún tipo de etiquetado. Así como numerosas piezas enteras de esta especie sin etiquetar en el interior de una cámara frigorífica interior. El responsable del establecimiento no aportó documentación de su lícita procedencia.
Una vez examinada toda la mercancía por parte de los técnicos del Servicio Canario de Sanidad, y tras verificar que no era apta para consumo humano, fue retirada de la venta para su posterior destrucción por parte de un gestor autorizado.
Cierre del supermercado
Actualmente, el supermercado permanece cerrado y con su actividad suspendida de forma cautelar por la autoridad competente. Se ha considerado que la vida de los consumidores podría haber estado en grave riesgo. Por este motivo se acusa al propietario del establecimiento de un delito contra la salud pública. Además, se le ha notificado la apertura de un expediente administrativo sancionador por las diversas irregularidades detectadas.
