Los agentes de la Benemérita, en el ejercicio de sus funciones, se percataron de que el establecimiento vendía cajetillas de tabaco ilegal sin las actuales y obligatorias precintas según la ley
La Guardia Civil de Fuerteventura han denunciado el 4 de noviembre a una persona, de 48 años y con antecedentes, por tener a la venta en su establecimiento 270 cajetillas de tabaco y siete paquetes de picadura de liar con las precintas derogadas en Morro Jable.
La denuncia se realizó con motivo de la Ley de Impuestos Especiales sobre el tabaco en Canarias, y en aplicación de la reciente normativa de las nuevas precintas que deben llevar tanto los paquetes de cigarrillos como la picadura de liar y la intensificación de inspecciones en establecimientos de venta de tabaco de la isla.
Así, la Beneméritca se incautó de estos productos tras tener conocimiento después de que la patrulla de Fiscal y Fronteras, en el ejercicio de sus funciones, realizó inspecciones en diferentes establecimientos de Morro Jable.
Inspecciones
Así, pudieron observar cómo en un establecimiento de venta de tabaco, tras una primera inspección a la zona del mostrador, se observó en las estanterías varias cajetillas de tabaco con las precintas antiguas, ya derogadas, teniendo que estar retirado dicho tabaco, ya que está prohibida su venta, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.
Por ello, al realizar de forma minuciosa la inspección técnico policial del local, se incautó un total de 240 cajetillas de tabaco y siete paquetes de picadura de liar sin las actuales y obligatorias precintas según la Ley de Impuestos Especiales sobre el tabaco en Canarias.
Por este motivo, los agentes incautaron todo el tabaco y procedieron a la denuncia a la Ley 1/2011 de Impuestos Especiales sobre las labores del tabaco en Canarias al propietario del local, que responde a las iniciales de H.D., y remitido a la Agencia Tributaria Canaria.
Las infracciones por estos hechos pueden ser sancionados con una multa que varía en función de la cantidad de tabaco hallado, pudiendo alcanzar hasta 10.000 euros en el caso de estocaje, cierre temporal del establecimiento, así como el precintado o la incautación definitiva cuando se trate de aparatos de venta automática.
