Las defensas de los once acusados reclaman el archivo de las acusaciones mientras Miguel Ángel Gallardo denuncia un “juicio mediático paralelo”
El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas, que han solicitado de forma unánime la absolución para los once acusados.
La sesión ha terminado con el turno de derecho a la última palabra, aunque David Sánchez ha declinado ejercerlo. Sí han intervenido varios acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha asegurado que “la única culpabilidad” de los once procesados consiste en “no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares”, entre las que figuran PP, Vox y HazteOir.
Gallardo denuncia un “juicio mediático paralelo”
Gallardo, para quien las acusaciones populares solicitan hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha sostenido que las acusaciones no mostraron interés por lo ocurrido en el plenario y que únicamente han perseguido “el juicio mediático paralelo”. “Han ganado el juicio socialmente”, ha añadido el expresidente de la institución provincial.
También han intervenido durante el turno de última palabra el exdiputado provincial de Cultura Francisco Martos, el actual diputado Ricardo Cabezas, el director del área Manuel Candalija y el funcionario Félix González. “El calvario que he pasado”, en referencia al juicio judicial y al impacto mediático, “no me lo merezco”, ha afirmado González. Candalija ha respaldado sus palabras y ha criticado “el acoso mediático” que, según ha señalado, ha sufrido durante el proceso.
Defensa de la labor de las diputaciones
Tanto Martos como Cabezas han defendido el papel de las diputaciones provinciales en la extensión y el apoyo a la cultura en los municipios. “Me veo aquí (en el banquillo de los acusados) y no lo acabo de entender”, ha manifestado Martos ante el tribunal.
Antes del turno final de los acusados, Salvador Morillas, abogado de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y adjudicatario de la plaza de ‘jefe de actividades transfronterizas’ en la Diputación, ha sostenido en su informe que las pruebas relacionadas con su cliente solo permiten dictar una resolución absolutoria.
Carrero, único aspirante al puesto, ocupó la plaza en enero de 2024 y dimitió en junio de 2025. Las acusaciones populares solicitan para él hasta un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación.
Críticas a las acusaciones populares
Morillas ha cuestionado la actuación de las acusaciones populares por su “actuación temeraria” de “tipo político mediático” y ha rechazado la hipótesis de que el puesto se crease para satisfacer “los caprichos personales” de David Sánchez o para que Carrero asumiera “los trabajos” del hermano del presidente del Gobierno.
El letrado también ha defendido que el proceso de adjudicación resultó “limpio como una patena” y recibió la aprobación del pleno provincial, donde también estaba representado el PP. Además, ha subrayado que la plaza “sigue hoy vigente y desempeñándose” por otra persona, un hecho que, a su juicio, acredita su idoneidad.
Antes de la intervención de Morillas, Raúl Montaño, abogado del diputado provincial Ricardo Cabezas, había cuestionado duramente a las acusaciones populares, a las que ha acusado de construir “discursos imaginativos” y “novelas policiacas” sin pruebas para sostener los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
El letrado también ha respaldado la actuación del Ministerio Fiscal, que solicita la absolución para los once acusados, frente a los intentos, según ha señalado, de “vilipendiar” su trabajo. “Sigo sin saber de qué tengo que defender a mi cliente”, ha afirmado Montaño al preguntarse “dónde están las influencias” presuntamente ejercidas por Cabezas, quien, según ha expuesto, solo aparece en uno de los miles de correos intervenidos por la UCO.
