La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas ha reivindicado «un pacto estratégico por la gobernanza» para impulsar al sector de la construcción. Asegura que entre los años 2007 y 2022, ha perdido la mitad de su peso en el PIB de Canarias, el 51 %
La presidenta de la AECP, María Salud Gil, en una rueda de prensa, ha presentado un estudio elaborado por la patronal sobre el comportamiento del sector desde 2007 hasta 2022 con el fin de desmontar «los falsos mitos» que, a su juicio, lo han «demonizado», cuando, pese a las crisis que ha tenido que superar «sin ayudas de la administración», ha sido un «sector de vertebración social y económica en Canarias».
Conforme a los datos que ha facilitado Gil, el peso del sector en el producto interior bruto de Canarias se redujo más del 50 % entre los años 2007 y 2014, mientras que entre 2015 y 2022 se mantuvo estable tras la caída sufrida en los años anteriores, pero sigue sin recuperarse, pues el pasado año se situaba solo tres décimas por encima de 2014, que fue el peor de todo el periodo analizado, ha destacado.
La venta de cemento también ha caído en estos años, un 55 % entre 2010 y 2014, y en 2022 seguía un 30 % por debajo del 2010, ha recalcado la presidenta de la patronal de la provincia de Las Palmas, quien sobre todo ha hecho hincapié en los datos referidos a la licitación publica, pues entró «en caída libre» entre los años 2007 y 2014, cuando bajó un 71 %.
Proponen cambiar «el modelo de planificación y construcción»
Entre el 2015 y el 2022 se recuperó pero con unos presupuestos exiguos en un 61 %, si bien tras 16 años la cifra de licitación el pasado año seguía por debajo de la de 2007, con la particularidad de que las subidas de licitación coinciden con el preámbulo de periodos electorales, ha remarcado.
Gil ha hecho hincapié en que esta involución en la licitación pública implica que Canarias no avanza en la ejecución y desarrollo de infraestructuras públicas de interés general y vinculada a servicios básicos como escuelas, hospitales, centros sanitarios, entre otros.
En cuanto a la vivienda, que en el pacto que propone la AECP reclama que se debe considerar como un sector estratégico, ha subrayado que se construye casi un 90 % menos de vivienda protegida que en 2007 y un 35,5 % menos de vivienda libre, pues hace 16 años se edificaron un total de 24.283 (1.307 protegidas y 23.176 libres).
Esta situación ha generado una distorsión en los precios de venta y alquiler de viviendas en Canarias, ha afirmado la presidenta de la AECP, que reclama también en el pacto que proponen al nuevo Gobierno canario, cuando se constituya, que es preciso cambiar «el modelo» de planificación y construcción».
Pérdida de empleo
En las islas no se construye vivienda pública por «falta de liderazgo y falta de planificación», ha insistido Gil, quien ha remarcado que es preciso que los políticos entiendan de una vez que la iniciativa privada debe participar en la gestión pública y en la construcción de vivienda pública y de protección oficial.
Gil ha defendido que el sector de la construcción es «robusto» pese a la pérdida de empresas, sobre todo autónomas, que se produjo en el periodo comprendido entre 2008 y 2015, cuando desaparecieron de las islas más de 8.500; mientras que las sociedades resistieron mejor la crisis aunque cayeron un 12 % entre 2013 y 2014, y desde 2015 han ido aumentando y en 2022 la cifra fue similar a la de 2011.
Ello implica, que «somos un sector dinámico y capaz de reponerse», ha manifestado la presidenta de la patronal de Las Palmas.
El estudio también ha analizado la evolución del empleo, pues entre 2007 y 2014 se perdieron más de 80.000 ocupados en las islas, pasando a representar el 14,4 % de los trabajadores al 4,8 %.
Consideran que es un sector clave para la economía
Para la AECP el sector de la construcción es fundamental para la economía de Canarias, por lo que insistirá en que se cambie el modelo de la política de vivienda, se aborde el déficit de formación y cualificación y se deje participar con inversión y gestión en la Formación Profesional de edificación y obra civil en las islas, algo que ya plantearon al Gobierno anterior sin éxito.
Además, piden «unas reglas de juego claras para contratar con las administraciones públicas», con pliegos de condiciones que garanticen a las empresas radicadas en Canarias la competencia leal y en igualdad de condiciones, y se licite a precio de mercado, sin bajas temerarias y con revisión de precios.
Gil ha destacado que se proponen «poner en evidencia la competencia desleal a la que les someten las administraciones públicas cuando, para evitar su incompetencia, adjudican a dedo las obras a las empresas públicas, de las que habitualmente son socios, ya que adquieren una acción».
En el pacto por la gobernanza, reclaman también lo que denominan la «desbunkerización de la administración pública» y reducir la burocracia, pues, según ha recalcado María Salud Gil, todo ello «imposibilita el progreso» y frena a un sector al que desde la AECP se ha propuesto también que se deje de «demonizar» y se vea como motor económico y desarrollo, aliado con el medio ambiente yo un «depredador de suelo»
