La Fiscalía de Bolivia ha imputado a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas del año 2019 por el caso ‘golpe de Estado II’. Se basa en que sin su «participación y cooperación» no se podría haber llevado a cabo la «ilegal concreción de la investidura» de Jeanine Áñez
La Fiscalía ha señalado que los imputados «no permitieron la continuidad legítima» en el titular de la Presidencia del país, que debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento. Entiende que perpetraron «hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular», según recoge el portal Erbol.
El auto del Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la «legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional» todo ello «conjuntamente» con Áñez, que precisó de la colaboración militar para concretar «el hecho antijurídico» de su investidura.
De este modo, el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Partor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury, pasan ahora a estar imputados por el caso ‘golpe de Estado II’, aunque ya están en prisión por el caso ‘golpe de Estado I’.
La Fiscalía define la toma de posesión como «una investidura irregular»
El abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, ha expuesto que el proceso del que se les acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que «en ningún momento se han constituido (los comandantes)», recoge el diario boliviano ‘La Razón’.
A los acusados se les imputa también haber dado órdenes para retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para imponérselo a Áñez en noviembre de 2019, algo que Vera también ha descartado.
La imputación, sin embargo, apunta que los militares avalaron la «ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia». Todo ello asegura «sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa».
La Fiscalía define la toma de posesión como una «investidura irregular» de una «supuesta presidenta» y habla de «puesta en escena», y «premeditado plan».
Según las conclusiones expuestas en el auto, los exmandos militares tuvieron una «participación dolosa» en «el acto final de investidura presidencial irregular».
En noviembre de 2019, Morales tuvo que abandonar el país acosado por la oposición, la OEA y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su victoria en las elecciones del 20 de octubre. Dos días después de su salida de Bolivia, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta.
Un año después, con el Movimiento al Socialismo (MAS) nuevamente en el poder tras el triunfo del actual presidente, Luis Arce, en las presidenciales de octubre, Áñez se encuentra encarcelada de manera preventiva por diversos delitos de terrorismo y sedición por el caso Golpe de Estado.
